Las víctimas podrán solicitar ayuda durante cuatro años, pagada en tres anualidades iguales, y el mínimo de pensiones se duplica al doble del SMI. La medida, contenida en el real decreto-ley que reforma la Ley 29/2011, introduce un nuevo apartado 8 al artículo 20 y una disposición transitoria segunda para equiparar las indemnizaciones.
Según el Ministerio, los beneficiarios más numerosos son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus familias, víctimas de atentados sin sentencia penal por desconocimiento de la autoría. La reforma también incluye a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, cuyo autor material falleció sin que la sentencia fijara indemnización civil.
Los familiares de fallecidos o de personas con lesiones incapacitantes permanentes podrán solicitar una ayuda complementaria durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor del decreto. La ayuda se abonará en tres pagos iguales distribuidos en tres anualidades.
A los cinco años sin sentencia penal firme o sin indemnización por responsabilidad civil, las víctimas podrán pedir el complemento correspondiente.
Para lesiones incapacitantes, la mejora se calculará hasta alcanzar los importes máximos previstos en el artículo 20.4 de la Ley 29/2011. En casos de fallecimiento, la cuantía podrá llegar hasta 500.000 euros según la composición familiar del beneficiario. Cuando la indemnización corresponde al cónyuge, conviviente o padres, el máximo será de 350.000 euros.
El real decreto-ley también eleva el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional vigente. Esta medida supone una revalorización de alrededor del 35 % y garantiza que futuras actualizaciones sigan la evolución del SMI.
Fernando Grande-Marlaska ha señalado que la reforma responde a una de las principales reivindicaciones del colectivo y corrige la diferencia existente.
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