El presidente del partido, Luis María Pardo, presenta este lunes 2 de noviembre un escrito para que ambas aplicaciones de identidad digital sigan sin valer en las elecciones generales hasta que exista un protocolo completo ante averías en las mesas
Iustitia Europa ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que mantenga suspendida la utilización del MiDNI y del MiDGT como medios de identificación en las elecciones generales del 29 de noviembre. Luis María Pardo presentó el escrito el lunes 2 de noviembre dentro del expediente 209/365, con el objetivo de que la Junta esclarezca el régimen aplicable a los sistemas de identificación digital. Iustitia se presenta en Madrid como la octava candidatura.
La JEC admitió inicialmente que bastaba con mostrar el MiDNI para reconocer al votante, sin necesidad de validar el código QR, que sirve para autenticar la credencial y verificar su vigencia. Tras los recursos del Partido Popular, la Junta de Andalucía y un particular, el 26 de marzo suspendió esos acuerdos sobre el MiDNI y el MiDGT hasta que la verificación fuera «suficientemente segura». El 23 de abril se mantuvo la suspensión para las elecciones en Andalucía, al considerar que el anuncio de lectores de QR aún no aseguraba el correcto funcionamiento del sistema.
El Manual para las mesas del 29 de noviembre incorpora ahora el MiDNI como documento válido. Se prevé que cada mesa cuente con un móvil que incluya cámara, navegador y acceso al verificador oficial, y que el votante abra la app ante los miembros de la mesa para crear un código QR temporal y firmado. La imagen en el teléfono del votante solo tiene carácter informativo: la identificación formal se produce cuando un segundo dispositivo lee y valida el código. Los vocales, y también los interventores, se encargan de esa comprobación. La votación sigue siendo en papel y con urnas físicas.
Según Iustitia, el nuevo sistema corrige el problema de que bastara con enseñar una imagen en pantalla, pero deja otro abierto: no concreta qué debe hacer la mesa cuando falla el teléfono, la conexión, el lector, el verificador o los servidores de la Policía Nacional. «Estamos hablando de la identificación de millones de ciudadanos para votar, no de probar una aplicación», afirma Pardo, que añade: «No podemos descubrir el protocolo cuando el sistema falle». El escrito sostiene que «basta la incidencia de cualquiera de esos elementos para impedir la comprobación en ese momento».
El partido plantea qué ocurre si el lector no llega o se entrega sin batería, quién responde si se avería, quién lo sustituye y en cuánto tiempo, y qué decisión debe tomar la mesa ante un elector que solo lleva el MiDNI. Pregunta también qué pasa si el QR caduca durante la comprobación, resulta ilegible o devuelve una validación dudosa. El Manual prevé comunicar las deficiencias de material a la Junta Electoral de Zona y pedir su sustitución, una fórmula que Iustitia considera insuficiente. Advierte además de que una caída general podría provocar respuestas distintas ante situaciones idénticas en numerosos colegios.
La Orden PJC/1129/2026 encomienda a Correos la entrega y recogida de los dispositivos de lectura del QR, con trazabilidad del material y posible coordinación con ayuntamientos, delegaciones del Gobierno e Interior. Iustitia afirma, sin embargo, que esa logística no aclara qué hacer si fallan el terminal o los servicios de validación, y exige conocer cuántos equipos de sustitución existirán, cómo se asegurará la batería, quién ofrecerá asistencia técnica y el tiempo que tomará la reposición.
El partido solicita a la JEC que mantenga suspendido el MiDNI a partir del 29 de noviembre hasta que se disponga de un protocolo completo de funcionamiento y contingencias, debidamente comprobado y comunicado a todas las mesas. Pide también que el MiDGT siga suspendido para cualquier actuación electoral que exija identificación personal mientras la Junta no declare cumplidas las garantías técnicas y operativas, y que se requiera a Interior el protocolo de la jornada.
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