Los alcaldes Enrique Pueyo y Lorena Cajal afirmaron que el Gobierno de Aragón se negó a iniciar la tramitación porque «no se tramitarán procedimientos… hasta disponer de informes científicos»
El miércoles, los alcaldes de Aínsa y Biescas, Enrique Pueyo y Lorena Cajal, denunciaron en Huesca que el Gobierno de Aragón se niega a estudiar la declaración de sus municipios como zonas tensionadas. Según el PSOE, el «sectarismo» de Jorge Azcón perjudica directamente a los vecinos que podrían beneficiarse de medidas para abaratar el precio de la vivienda.
Los alcaldes expresaron su indignación porque el Gobierno de PP y Vox «no contiene» los precios de la vivienda en sus municipios. Esta semana recibieron la negativa del Gobierno de Aragón a estudiar su solicitud de declaración como zonas tensionadas.
El Ejecutivo aragonés argumentó que no se tramitarán procedimientos hasta disponer de informes científicos que contradigan los efectos negativos atribuidos a la medida. Cajal calificó esa respuesta como «totalmente insuficiente» y acusó al Gobierno de burlarse de los habitantes.
«Se burlan de quienes vivimos en estos municipios», afirmó la alcaldesa de Biescas. El Gobierno de Aragón reconoció dificultades de acceso a la vivienda pero no aportó datos específicos sobre Biescas ni propuso medidas alternativas.
Pueyo recordó que la declaración de zona tensionada permitiría a los vecinos ampliar sus posibilidades de solicitar ayudas y evitar los altos precios. Añadió que la respuesta de Jorge Azcón niega esas posibilidades y genera diferencias con otras comunidades autónomas que sí aplican la medida.
El diputado socialista Marcel Iglesias señaló que el Gobierno central aprobó 180 millones de euros en subvenciones para comunidades que declaran zonas tensionadas, mientras Aragón no actúa. Iglesias acusó al Ejecutivo aragonés de actuar por «sectarismo y confrontación» y de priorizar un modelo de vivienda que no es asequible.
La Delegación del Gobierno en Aragón ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo autonómico que bloquea la tramitación de estas declaraciones. Los alcaldes concluyeron que no piden privilegios, sino que se estudien sus realidades, que se les escuche y que se les permita valorar todas las herramientas previstas en la legislación.
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