Las claves
- La pena de referencia para los dos etarras que colocaron el coche bomba es de 843 años de cárcel.
- El juez indica que el atentado se integró dentro de la «estrategia» de ETA y fue posible gracias a la coordinación del Zuba o Comité Ejecutivo.
- A Olarra Guridi y Múgica Goñi se les acusa de controlar el aparato militar (Lohi) del grupo.
- A Esparza Luri se le atribuye la máxima responsabilidad del aparato logístico (Otsagi).
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña dictó el procesamiento al completo de la cúpula de ETA por el atentado de agosto de 2002 contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante). Ese atentado cobró la vida de una niña de seis años y de un hombre que esperaba el autobús, y dejó más de medio centenar de heridos.
El magistrado señaló que los autores materiales ya habían sido condenados, pero que ahora también responsabilizaba a los integrantes del Zuba, el Comité Ejecutivo de ETA, tal y como había reclamado la asociación Dignidad y Justicia en 2022.
El procesamiento se dirige contra cuatro dirigentes: Ainhoa Múgica Goñi, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza Luri y María Soledad Iparraguirre, conocida como «Anboto». En una fase anterior, en 2024, el juez Manuel García Castellón había procesado a Mikel Albisu, «Mikel Antza», y a Ramón Sagarzazu, «Ramontxo», por los mismos hechos.
La resolución indica que la pena de referencia para los dos etarras que colocaron el Ford Escort con 100 kilos de explosivo es de 843 años de cárcel. Esta cifra sirve de marco para el procesamiento por asesinato, lesiones y daños terroristas que ahora alcanza a la cúpula completa.
El juez explicó que el atentado de Santa Pola se integró dentro de «la estrategia» de ETA y fue posible gracias a la actuación coordinada de diversos órganos bajo las directrices del Zuba o Comité Ejecutivo.
A Olarra Guridi y a Múgica Goñi se les atribuye el control del aparato militar (Lohi), lo que implica el control, coordinación y abastecimiento de los comandos. A Esparza Luri se le atribuye la máxima responsabilidad del aparato logístico (Otsagi), encargado de la adquisición, preparación y suministro de los medios materiales empleados en los atentados. A María Soledad Iparraguirre «Anboto» le correspondía la gestión del aparato de finanzas (Diba), incluida la distribución de recursos económicos para sostener la actividad terrorista.
Los informes policiales y de la Guardia Civil atribuyen a esas estructuras directivas la provisión de los medios materiales necesarios, como el coche bomba, placas falsas y explosivo preparado en Francia. Según dichos informes, los autores materiales no disponían de infraestructura propia para elaborar o acondicionar esos materiales, lo que evidencia la intervención imprescindible de la cúpula.
La resolución judicial también ordena citar a los cuatro dirigentes a declarar para notificarles la decisión de procesamiento.
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