La jueza federal Araceli Martínez-Olguín paraliza las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional contra presuntos votantes ilegales por considerar que intimidan a ciudadanos estadounidenses
La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, ha dictado una orden preliminar que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las elecciones de medio mandato a personas que sabe o sospecha que son ciudadanos estadounidenses en California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
Quedan también prohibidas las operaciones basadas en los registros del sistema TECS generados por la Política de Coincidencia de Elegibilidad de Votantes contra presuntos ciudadanos. La medida cautelar permanecerá vigente hasta las 20.00 horas (hora local) del 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con el cierre de las urnas.
La orden frena la «Iniciativa de Votantes Ilegales» lanzada en agosto de 2026 por la Administración de Donald Trump contra el fraude electoral. El DHS había ordenado a los agentes HSI interrogar sobre la elegibilidad de votantes en esos nueve estados.
La demanda fue impulsada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la ciudad y condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. La jueza determinó que el sindicato tiene altas probabilidades de éxito porque las acciones del Gobierno violan la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar a los votantes.
El Gobierno elaboró listas de objetivos a partir de casi 100 millones de registros de diversas fuentes. La jueza señaló una alta probabilidad de error al depurar esas listas por falta de una base de datos federal de ciudadanía.
El tribunal concluye que el uso de datos inexactos y el despliegue de agentes armados genera un temor objetivamente razonable de persecución legal y policial. Ese temor ha llevado a ciudadanos estadounidenses a abandonar labores de movilización, educación y asistencia a votantes.
La jueza Martínez-Olguín argumentó que el interés público en elecciones seguras supera el interés del Gobierno en investigar fraude con esos métodos. La paralización de las operaciones entrará en vigor a las 17.00 horas (hora local) de este viernes, 23 de octubre.
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