El plan 2026-2028, publicado en el BOJA, prioriza las zonas más tensionadas y revisará compraventas y alquileres que superen los límites legales.
Durante los dos próximos años, el Ejecutivo andaluz pondrá el foco en las viviendas protegidas. Con un nuevo Plan de Inspección correspondiente a 2026-2028, busca identificar anomalías y asegurar que estos pisos cumplan su función de dar acceso a un hogar a quienes reúnen las condiciones exigidas por la ley. Así lo recoge una orden de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, firmada el 10 de noviembre y dada a conocer este martes, 17 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La hoja de ruta incluye medidas para impedir que las viviendas protegidas queden vacías, para que se adjudiquen a personas que cumplen los requisitos de acceso y para descubrir usos prohibidos, como su explotación con fines turísticos. Además, los inspectores estarán facultados para examinar compraventas y arrendamientos cuyo importe sobrepase los límites establecidos por la normativa. De acuerdo con la orden, este plan sigue la estela de los programas de inspección aplicados en 2022-2023 y en 2024.
Para decidir en qué lugares centrar sus recursos, la administración autonómica se rige por cinco parámetros vinculados al estado del mercado inmobiliario y a las necesidades residenciales de cada zona. Entre ellos se cuentan la trascendencia de las irregularidades potenciales, sobre todo si generan un efecto social o mediático considerable; el nivel de precios, que tiende a subir cuando la demanda es intensa y la oferta escasa; la existencia de desarrollos de vivienda protegida, sean públicos o privados; la acumulación de pisos turísticos y el número de habitantes, dado que las urbes más pobladas afrontan una presión mayor sobre el parque residencial.
La actividad se distribuye en tres frentes. El primero supervisará las promociones de viviendas protegidas, sin importar el régimen que las rige ni si el impulsor es una entidad pública o privada, con el objetivo de comprobar que se atienen a lo dispuesto en la normativa. El segundo verificará que estos inmuebles constituyen el domicilio habitual y permanente de sus ocupantes, controlando que no pasen a ser segundas residencias o alojamientos turísticos y que los anuncios de venta y alquiler se ajusten a las exigencias legales. El tercero examinará los procedimientos sancionadores ya cerrados para asegurarse de que no se reiteran las mismas faltas.
Además de las inspecciones programadas, la Junta podrá intervenir en situaciones específicas que provengan de denuncias, de datos remitidos por las delegaciones territoriales o cuando el personal y las autoridades competentes perciban indicios de incumplimiento.
La Inspección de Vivienda redactará un informe anual que refleje la marcha de las actuaciones y los obstáculos encontrados, y al concluir el periodo se llevará a cabo una valoración global del nivel de cumplimiento de los objetivos fijados. El plan tendrá vigencia inicial de dos años a partir del día posterior a su publicación en el BOJA, con la posibilidad de extenderse un año más.
Las posturas, en claro
La Ley de Vivienda de 2023 permite a las comunidades declarar zonas de mercado tensionado y limitar allí el precio del alquiler. Cataluña fue la primera en aplicarlo, en 2024.
Ante la afirmación «Las administraciones deben poder limitar el precio del alquiler en las zonas donde más ha subido», así se sitúa cada partido.
- El PP, en contra. Votó contra la Ley de Vivienda y sus comunidades no aplican los topes (27-04-2023).
- El PSOE, a favor. Aprobó la Ley de Vivienda con topes al alquiler en zonas tensionadas (27-04-2023).
- Vox, en contra. Votó contra la Ley de Vivienda con topes al alquiler (27-04-2023).
Posturas documentadas por Capitol con votos, programas y declaraciones. Todas, en el comparador de programas.
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