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Justicia recurre ante la Audiencia Nacional la resolución que le obligaba a entregar a Público las actas de la exhumación de Franco

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Justicia recurre ante la Audiencia Nacional la resolución que le obligaba a entregar a Público las actas de la exhumación de Franco

El Ministerio de Justicia ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le obligaba a entregar a Público las actas firmadas por Dolores Delgado con motivo de la exhumación de Franco.

·20 de noviembre de 2026·3 min de lectura

El Ministerio de Justicia ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le obligaba a entregar a Público las actas firmadas por Dolores Delgado con motivo de la exhumación de Franco.

Resumen

  • Justicia alega que las actas forman parte de un protocolo notarial sujeto a normativa específica.
  • El Consejo sostiene que las actas tienen naturaleza de información pública.
  • El plazo para presentar conclusiones termina el 26 de noviembre, tras lo cual el caso quedará visto para sentencia.

El Consejo estimó la pretensión de la periodista, de modo que el ministerio tenía dos opciones: cumplir la resolución y entregar las actas o acudir a la Audiencia Nacional para mantenerlas ocultas. El departamento que dirige Félix Bolaños optó por la segunda vía y, en marzo, presentó su demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las actas recogen un registro de las horas y fases de la exhumación, las operaciones ejecutadas y quiénes intervinieron, y la ministra, como notaria mayor, dio fe de que los hechos ocurrieron tal como se describen. Justicia sostiene que estos documentos forman parte de un «protocolo notarial», sujeto a una normativa específica que, según el ministerio, queda excluida del régimen general de la Ley de Transparencia.

El ministerio alega además que el Consejo no consultó previamente a terceros afectados, a quienes solo cita como posibles «herederos o causahabientes», supuestamente la familia del dictador, sin nombrarlos. Frente a ello, el Consejo defiende que lo solicitado son documentos incorporados a un expediente administrativo y que tienen, por tanto, «la naturaleza de información pública».

Para el Consejo, la exhumación fue una «actuación pública singular, acordada y ejecutada por el poder público», en la que la intervención notarial funciona solo como técnica de constancia.

El Consejo advierte de que considerar el régimen notarial excluyente permitiría a la Administración sustraer del control de transparencia cualquier actuación pública con solo notarializar su ejecución. Rechaza también que el solicitante deba acreditar un «interés legítimo», pues la Ley de Transparencia y la jurisprudencia no exigen motivar por qué se piden unos datos.

Justicia argumentó que la exhumación fue «pública y notoria», pero el Consejo recuerda que la Ley de Memoria Histórica declara de urgente y excepcional interés público la inmediata exhumación de los restos de Franco. Según el organismo, esa declaración refuerza el interés por conocer los documentos que describen la exhumación del dictador.

«Cuanto mayor es la relevancia pública, institucional y mediática del procedimiento, más exigible resulta que la Administración no sustraiga la documentación de ejecución a los mecanismos ordinarios de transparencia», zanja el Consejo.

El Consejo reprocha además al ministerio que no identifique en ningún momento a las terceras personas afectadas, ni las llamara en la primera fase del procedimiento, ni fundamentara de forma expresa su denegación. Público, por su parte, sostiene que los documentos tienen un interés público tan evidente como los del golpe del 23F o la pandemia de covid.

El procedimiento judicial está en fase de conclusiones; el Ministerio de Justicia ya las ha presentado, mientras que el Consejo de Transparencia y la periodista tienen de plazo hasta el 26 de noviembre, momento en que el caso quedará visto para sentencia.

Así se votó en el Congreso

En la convalidación, el 16 de septiembre de 2026, la iniciativa fue rechazada con 155 votos a favor. Votaron a favor EH Bildu, ERC, PSOE y Sumar; en contra Junts, PP y Vox; se abstuvo PNV.

Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Fuente: Congreso de los Diputados, datos abiertos.

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