Fedea alerta de que las comunidades deberán destinar 11.528 millones anuales a intereses, triplicando la cifra de 2022, y pide moderar el gasto expansivo
La comunidad autónoma de La Rioja gastará 45 millones de euros anuales en intereses de su deuda en 2029, un 804 % más que los 5 millones que destinaba a este concepto en 2022, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Este incremento, el más acusado entre todas las autonomías, refleja una tendencia general: el conjunto de las comunidades autónomas pasará de pagar 3.608 millones en intereses en 2022 a 11.528 millones en 2029, casi el triple.
El estudio atribuye este aumento al alza de los tipos de interés y al elevado volumen de deuda acumulada. Aunque la ratio de deuda pública sobre el PIB podría reducirse en los próximos años si se mantienen las condiciones actuales, el informe advierte de que los gastos financieros absorberán recursos crecientes de otras políticas públicas. «Esta situación obligaría a redirigir recursos desde áreas como sanidad, educación o infraestructuras hacia el pago del servicio de la deuda», señala el documento.
Fedea recomienda a las autonomías «calibrar con especial prudencia» las políticas fiscales expansivas, tanto a corto como a medio plazo. El informe no detalla qué comunidades registrarán los mayores incrementos relativos más allá de La Rioja, pero subraya que el impacto será generalizado. En 2022, las comunidades ya dedicaban el 1,2 % de su gasto total a intereses; en 2029, esta partida podría superar el 3 %.
El Gobierno riojano, liderado por el socialista Conrado Escobar desde 2019, ha aumentado su deuda un 32 % desde entonces, hasta alcanzar los 1.200 millones en 2023. La comunidad, con una población de 319.000 habitantes, es una de las menos endeudadas en términos absolutos, pero su crecimiento relativo en intereses supera al de autonomías con mayor volumen de deuda, como Cataluña o Valencia.
El informe de Fedea no propone medidas concretas, pero sugiere que las comunidades prioricen la sostenibilidad fiscal para evitar recortes en servicios esenciales. La advertencia llega en un contexto de negociación de los presupuestos generales del Estado para 2025, donde las autonomías reclaman mayor flexibilidad en el déficit.
Fuente: Agencia EFE






