CRedacción Capitol·26 de agosto de 2026·2 min de lectura
El presidente regional denuncia la «total impunidad» de la llegada y reclama al Gobierno central refuerzos de la Guardia Civil y recursos marítimos
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno para este jueves en Cartagena tras la llegada el miércoles de una lancha rápida con inmigrantes al litoral murciano, a la que ha calificado de «total impunidad».
En un mensaje publicado en X, López Miras describió como «inadmisible» la «dejación de funciones» del Gobierno de España y señaló que la Guardia Civil sigue «sin medios para frenar a las mafias» que operan en la zona costera.
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El ejecutivo autonómico ha exigido el control total del litoral murciano y ha reiterado que espera una respuesta del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, después de haberle remitido una carta solicitando refuerzos urgentes de efectivos de la Guardia Civil y de medios marítimos y tecnológicos de vigilancia.
Esta petición se enmarca en una serie de llegadas continuadas de lanchas rápidas con inmigrantes a la costa de Murcia durante los últimos días, un fenómeno que ha puesto de relieve la falta de recursos navales y de coordinación entre la administración autonómica y el Estado.
El Consejo de Gobierno que se reunirá en Cartagena será el primer órgano institucional que abordará directamente la solicitud de refuerzo, lo que podría traducirse en la asignación de patrullas marítimas adicionales y la puesta en marcha de sistemas de detección más avanzados, según la normativa de seguridad marítima que regula la actuación de la Guardia Civil en aguas territoriales.
El anuncio de López Miras también tiene implicaciones políticas: al criticar públicamente al Gobierno central, el presidente regional busca presionar a Sánchez para que asuma una posición más activa en la gestión de la crisis migratoria, mientras que la oposición regional ha señalado que la falta de respuesta podría erosionar la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad del litoral.
