La Comunidad de Madrid asiste a la Comisión Sectorial de Infancia solo «por apoyo a Ceuta» y reclama refuerzo de la Guardia Civil y entrega de menores a Marruecos, mientras quedan entre 8.000 y 11.000 inmigrantes en la ciudad
La Comisión Sectorial de Infancia aprobará este jueves la asignación de 25 millones de euros a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, pero la Comunidad de Madrid asistirá a la reunión con condiciones: exigirá control fronterizo, refuerzo de la Guardia Civil y la entrega de menores no acompañados al sistema de protección marroquí.
El Gobierno madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado su participación en el encuentro técnico únicamente por apoyo a Ceuta, según fuentes de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. La consejera Ana Dávila ha rechazado avalar la política migratoria inhumana del Gobierno central y ha pedido medidas concretas: lucha contra las mafias y la reagrupación de los menores con sus familias o su entrega al sistema de protección de menores de Marruecos, que existe y que funciona.
La reunión se celebra con entre 8.000 y 11.000 inmigrantes aún en Ceuta, según estimaciones del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Este fondo de 25 millones busca paliar las consecuencias de la crisis, pero Madrid vincula su respaldo a cambios en la gestión migratoria. La posición madrileña refleja la tensión entre comunidades gobernadas por el PP y el Ejecutivo central, especialmente en materia de seguridad y fronteras.
La Comisión Sectorial de Infancia, órgano técnico dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, es la encargada de distribuir fondos estatales para políticas de protección a la infancia. Su decisión deberá ser ratificada posteriormente en la Conferencia Sectorial, donde participan las comunidades autónomas. Ceuta, como ciudad autónoma, no tiene transferidas estas competencias y depende directamente de la financiación estatal.
La exigencia de Madrid de entregar menores a Marruecos choca con el marco legal español, que obliga a garantizar la protección de los menores no acompañados dentro del territorio nacional. Sin embargo, el Gobierno madrileño insiste en que el sistema marroquí «funciona», una afirmación que organizaciones de derechos humanos han cuestionado en informes recientes sobre condiciones en centros de acogida en el país vecino.
Fuente: El Debate
