El Gobierno regional afirma que la norma permite al Ejecutivo ejercer la acusación popular en casos de patrimonio natural
Las claves
- El Gobierno regional sostiene que la ley respeta el reparto competencial y habilita a la Administración autonómica para defender intereses públicos vinculados a sus propias atribuciones.
- El ejercicio de la acción popular debe realizarse conforme a las condiciones establecidas por la legislación procesal vigente.
- La Comunidad se personó como acusación popular en el procedimiento abierto por el incendio de Lozoyuela, declarado el pasado 16 de julio.
- El procedimiento se inició antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la aplicación de la ley, por lo que la Comunidad pudo personarse en la causa.
- Fuentes del Gobierno regional aseguran que todavía les sorprende la suspensión de la norma, aunque reconocen que es habitual que el Tribunal Supremo acceda a la suspensión cautelar cuando el Gobierno central la solicita.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que levante la suspensión de la ley que permite al Ejecutivo autonómico ejercer la acusación popular. La norma quedó suspendida después de que el Ejecutivo central presentara un recurso de inconstitucionalidad al entender que invade competencias estatales.
El Gobierno regional sostiene que la ley respeta el reparto competencial y habilita a la Administración autonómica para defender intereses públicos vinculados a sus propias atribuciones. El ejercicio de la acción popular debe realizarse conforme a las condiciones establecidas por la legislación procesal vigente.
La Comunidad se personó como acusación popular en el procedimiento abierto por el incendio de Lozoyuela, declarado el pasado 16 de julio. El procedimiento se inició antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la aplicación de la ley, por lo que la Comunidad pudo personarse en la causa.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que todavía les sorprende la suspensión de la norma, aunque reconocen que es habitual que el Tribunal Supremo acceda a la suspensión cautelar cuando el Gobierno central la solicita. El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso el pasado 9 de septiembre, lo que provocó la suspensión de la Ley 1/2026.
La Comunidad de Madrid quiere ahora que el tribunal levante esa suspensión mientras se resuelve el fondo del recurso. En sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico solicita también que se desestime íntegramente la impugnación presentada por el Gobierno central.
La restitución de la norma permitiría al Gobierno regional personarse como acusación popular en un eventual procedimiento penal por actos de vandalismo en la acampada de la Puerta del Sol. Los desperfectos en la Puerta del Sol afectan a la fachada de la Real Casa de Correos y a la escultura del Oso y el Madroño, ambos declarados Bien de Interés Cultural.
La ley habilitaba al Ejecutivo para ejercer la acción popular en procedimientos relacionados con daños al patrimonio histórico-artístico y natural, así como en delitos que afecten al desarrollo de determinados eventos públicos. Según el Gobierno regional, la suspensión le impide utilizar una vía judicial para defender bienes cuya protección corresponde a sus competencias.
La Ley 1/2026 amplió la capacidad de la Comunidad de Madrid para intervenir en procedimientos penales mediante el ejercicio de la acción popular. El Gobierno regional defiende que esta posibilidad no supone una invasión de las competencias estatales, pues la actuación queda sujeta a la legislación procesal vigente.
Las comunidades autónomas llevan años ejerciendo la acción popular en distintos procedimientos penales, entre ellos los relacionados con la violencia contra las mujeres y las víctimas del terrorismo. El Gobierno central recurrió la nueva norma al Constitucional al considerar que vulnera el reparto de competencias.
La medida cautelar se mantendrá mientras el tribunal no acuerde levantarla o resuelva el procedimiento en los términos correspondientes. Con la presentación de estas alegaciones, la Comunidad de Madrid busca recuperar cuanto antes una herramienta que considera necesaria para defender el patrimonio autonómico.
