Actualización (19 de octubre a las 13:47):
La magistrada también pide al gobierno ceutí informes sobre la afectación de servicios esenciales y daños económicos tras la invasión de julio
Al día siguiente, a la misma hora, interrogará a un inspector y a dos subinspectores de la Policía Nacional.
En su resolución, la magistrada ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía de Ceuta que identifiquen a Ahmed, residente en Benzú, como posible interlocutor constante y fiable del Instituto Armado. El exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno declaró que Ahmed habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos y otras circunstancias observadas en Marruecos antes de la invasión.
Para avanzar en la investigación, Tardón ha solicitado al jefe del Estado Mayor de la Defensa que remita todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre julio y agosto. También ha pedido que se amplíen las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta que ya había solicitado con anterioridad.
La instrucción incluye requerir a diversos organismos toda la información oficial sobre entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el 30 de julio de 2026.
Asimismo, ha solicitado el informe sobre los daños económicos que el presidente de la ciudad autónoma mencionó en su declaración como testigo.
Pide al gobierno ceutí todos los informes relativos a la afectación de los servicios públicos esenciales, incluidos seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras públicas. Pide a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios de Ceuta un informe del impacto económico de la entrada masiva irregular de inmigrantes.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a testificar el próximo 27 de octubre a varios consejeros del Ejecutivo de Ceuta. Al mismo tiempo, ha solicitado a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno que remitan todas las comunicaciones y documentación relacionada con las reuniones celebradas antes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos en julio.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla la citación y la petición de documentos. Tardón, accediendo a la solicitud de la Fiscalía, llama a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta. Al día siguiente cita también como testigos a varios agentes de la Policía Nacional.
En su requerimiento, la jueza exige la remisión de actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y cualquier otra documentación de las reuniones de los días 27, 28 y 30 de julio.
Asimismo, solicita a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo de Ceuta, la Autoridad Portuaria, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes, desde el 30 de julio.
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