Marruecos ofrece acoger a 10.000 menores no acompañados a cambio de que España suprima ‘obstáculos judiciales’
El Gobierno de Rabat insiste en que la legislación española es el principal impedimento para el retorno de los menores, pero expertos advierten que suprimir esas ‘trabas’ equivaldría a eliminar las garantías para los menores
CRedacción Capitol·7 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Gobierno de Rabat insiste en que la legislación española es el principal impedimento para el retorno de los menores, pero expertos advierten que suprimir esas ‘trabas’ equivaldría a eliminar las garantías para los menores
El procedimiento de repatriación de menores no acompañados es un proceso largo y costoso, que implica la participación de varios actores, incluyendo a la representación diplomática del país de origen, el Ministerio Fiscal, los servicios de protección y un juez. Este proceso se basa en la idea de que el menor tiene derecho a ser escuchado y a que se considere su voluntad en la toma de decisiones.
Además, la Ley de Extranjería establece que la repatriación de menores no acompañados debe ser realizada de manera individualizada y motivada, lo que significa que cada caso debe ser analizado de manera específica y que se deben considerar las circunstancias particulares del menor. Esto es importante para garantizar que el menor no sea devuelto a un país donde pueda correr peligro o sufrir daños.
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En este sentido, la jurisprudencia de los máximos tribunales españoles y europeos ha establecido que la repatriación de menores no acompañados debe ser realizada de acuerdo con los principios de protección de los derechos humanos y la protección de la infancia. Esto significa que cualquier decisión de repatriación debe ser fundamentada en la consideración de las circunstancias individuales del menor y en la garantía de que no correrá peligro o sufrirá daños.
La posición del Gobierno de Rabat de que la legislación española es el principal impedimento para el retorno de los menores no está respaldada por la jurisprudencia y la práctica de los tribunales españoles y europeos, que han establecido que la repatriación de menores no acompañados debe ser realizada de acuerdo con los principios de protección de los derechos humanos y la protección de la infancia.
