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Foto: ABC

ABC (España)

Los mayores de 65 años podrán donar su vivienda a sus hijos sin pagar IRPF

La exención alcanza también al padre que reserva el usufructo vitalicio y a quienes llevan más de dos años fuera de su casa por dependencia. Los hijos deberán pagar el impuesto de sucesiones y, en su caso, la plusvalía municipal.

·22 de noviembre de 2026·2 min de lectura

La exención alcanza también al padre que reserva el usufructo vitalicio y a quienes llevan más de dos años fuera de su casa por dependencia. Los hijos deberán pagar el impuesto de sucesiones y, en su caso, la plusvalía municipal.

Según la normativa fiscal, la ventaja también se aplica cuando solo se transmite la nuda propiedad y el progenitor se reserva el usufructo vitalicio, lo que le permite seguir viviendo en la casa durante el resto de su vida.

La novedad más relevante llega con la modificación del artículo 41 bis del Reglamento del IRPF, aprobada por el Gobierno de España en octubre de 2026. Hasta ahora, la norma consideraba vivienda habitual, a efectos de determinadas exenciones, el inmueble que se había abandonado durante un máximo de dos años. La reforma amplía ese plazo para las personas mayores de 65 años que se hayan trasladado a una residencia o a casa de un familiar hasta el tercer grado de parentesco por motivos de edad o dependencia: podrán conservar esa consideración aunque hayan pasado más de dos años desde su salida, y acogerse así a la exención cuando transmitan el inmueble, siempre que cumplan el resto de requisitos legales.

Según el Reglamento del IRPF, para considerar habitual una casa el contribuyente debe haber residido en ella de forma continuada durante al menos tres años, y que lo fuera en el momento de la donación o en cualquiera de los dos años anteriores.

Quien recibe el inmueble tiene que pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía depende de la normativa de cada comunidad autónoma, y la plusvalía municipal si se trata de un inmueble urbano con incremento de valor sujeto a tributación. A ello se suman los gastos de notaría y del Registro de la Propiedad, cuyo reparto puede acordarse entre las partes.

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