El 4,5 % restante depende de un Real Decreto-ley que el Congreso debe convalidar en 30 días, en un trámite incierto por el posible adelanto electoral.
Según el anuncio del Ejecutivo, los empleados públicos recibirán un incremento salarial del 5 % en 2027. No obstante, el abogado laboralista Miguel Benito advierte de que únicamente un 0,5 % de esa subida tiene carácter firme, mientras que el porcentaje restante queda supeditado a una votación parlamentaria que todavía no está asegurada.
La fracción garantizada procede de un abono compensatorio con efecto retroactivo, vinculado a la diferencia respecto a la inflación y acordado previamente por el Gobierno con las organizaciones sindicales. Al haberse cumplido los requisitos de inflación, este pago se ejecutará a lo largo de 2026 para toda la plantilla funcionarial, y bastará con una decisión del Consejo de Ministros, algo que los juristas consideran de tramitación sencilla.
El 4,5 % que falta necesita un Real Decreto-ley. Benito subraya que esta exigencia añade un grado de incertidumbre considerable, sobre todo si el país se encuentra en periodo electoral o si las Cortes llegan a disolverse.
En caso de que la Cámara no respalde el decreto por mayoría, el aumento podría quedar anulado o retrasarse de forma notable, de modo que los funcionarios no percibirían la mejora prevista para el 1 de enero de 2027.
Frente a este escenario, las centrales sindicales ya han iniciado su presión. CSIF reclama al Ejecutivo que apruebe la disposición con margen suficiente, antes de que el Gobierno pase a funciones si se convoca un adelanto electoral. La intención es que comunidades autónomas y ayuntamientos dispongan de tiempo para recoger la subida en sus presupuestos anuales.
Estas conversaciones se inscriben en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, un compromiso de carácter plurianual suscrito para 2025-2028 por el Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios, cuyo propósito es ir recuperando el poder adquisitivo que los empleados públicos han perdido a lo largo de la última década.
Durante la negociación, los representantes del personal también han trasladado otras peticiones: una reforma del mutualismo administrativo que fortalezca la asistencia sanitaria de los afiliados a Muface, la puesta al día de las indemnizaciones por residencia y la adopción de medidas concretas para rebajar la elevada proporción de contratos temporales en la Administración.
Las semanas venideras resultarán determinantes para averiguar si el incremento del 4,5 % acaba llegando a los funcionarios o se queda bloqueado en la negociación parlamentaria. De momento, lo único con garantía es el 0,5 % compensatorio.


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