CRedacción Capitol·4 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El ministro afirma que la magistrada siguió el procedimiento y señala que la filtración, no la ocultación, alimenta un ruido político artificial
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reiterado que la filtración a la prensa del informe policial interno sobre los incidentes de finales de julio en Ceuta no implica ocultación por parte de la magistrada que lo redactó.
Puente explicó que la jueza respetó los cauces habituales y que la decisión de publicar el documento corresponde a una persona que, según él, “filtra el contenido a un medio amigo”. El mensaje central del ministro fue: «Aquí no hay ocultación, hay filtración».
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El informe, que analiza la posible implicación de fuerzas marroquíes en los hechos de Ceuta, había sido ordenado por la magistrada para que no se comunicara a superiores durante su elaboración y sólo se autorizó su acceso días después. Fuentes policiales confirmaron que no existe un informe oficial que atribuya a Marruecos la planificación de los incidentes, y el gobierno marroquí negó cualquier operación militar relacionada.
Puente subrayó que la filtración constituye un “ruido político artificial” que perjudica tanto a la justicia como al Ejecutivo, y que cualquier interpretación que sitúe a la magistrada en conflicto con el Gobierno es “falsa y construida”. Según él, el objetivo de su intervención es evitar un choque institucional.
El caso reaviva el debate sobre la seguridad de la información judicial y el uso de filtraciones como mecanismo paralelo de comunicación en causas sensibles, un tema que ha cobrado relevancia tras la polémica generada por la difusión anticipada del documento.
En medio de la controversia, el diputado Rufián alertó a Pedro Sánchez sobre el gesto de la jueza Robles en el Congreso, calificándolo como un «problemón importante», lo que añade una capa de tensión política a la discusión sobre la gestión de la información judicial.
Puente aclaró que su intención no era cuestionar la labor de la jueza, sino denunciar que la filtración se ha convertido en un mecanismo paralelo de comunicación judicial, especialmente en causas sensibles, y que este patrón genera un ruido político artificial que perjudica tanto a la justicia como al Gobierno.
