Jacob Qadri señaló que las familias afrontan entre 4.000 y 6.000 euros para trasladar el cuerpo y exigió que el sistema sanitario asuma directamente el traslado, sin adelantos económicos
Las claves
- Las familias pueden verse obligadas a pagar entre 4.000 y 6.000 euros por el traslado del cuerpo a su isla de origen.
- El problema afecta a diario a las islas no capitalinas y también a pacientes de Tenerife, Gran Canaria y la Península.
- Qadri planteó la cuestión en septiembre mediante una pregunta oral a la consejera de Sanidad.
- Qadri declaró que no quieren subvenciones, sino que el propio sistema sanitario se haga cargo del traslado.
- La iniciativa busca compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y garantizar la igualdad de derechos.
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Jacob Qadri obtuvo la aprobación unánime en el Parlamento de Canarias para regular y financiar el traslado de pacientes fallecidos fuera de su isla de residencia. El proyecto se aprobó en la sesión plenaria celebrada en Santa Cruz de La Palma, capital del archipiélago.
Qadri denunció que las familias pueden verse obligadas a pagar entre 4.000 y 6.000 euros para trasladar el cuerpo de un ser querido a su isla de origen, suma que se añade a los gastos del entierro. Según el diputado, esa carga económica resulta especialmente difícil de afrontar en un momento de dolor.
El legislador palmero explicó que la situación afecta a diario a las islas no capitalinas. Sin embargo, también a pacientes de Tenerife, Gran Canaria y la Península que son derivados a otros hospitales. Los familiares deben contactar con funerarias, solicitar presupuestos, organizar el traslado y afrontar su coste.
Qadri recordó que ya había planteado la cuestión en septiembre mediante una pregunta oral a la consejera de Sanidad. La consejera reconoció la existencia de una partida presupuestaria para subvencionar estos traslados, aunque prácticamente no se utiliza.
A pesar de la partida, Qadri afirmó que no quieren subvenciones, sino que el propio sistema sanitario se haga cargo directamente del traslado. Advirtió que determinadas ayudas pueden tener consecuencias fiscales o afectar a prestaciones de las que dependen los ingresos familiares.
El diputado justificó la iniciativa como necesaria para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y garantizar la igualdad de derechos, independientemente del lugar de residencia. Recalcó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de todos los españoles. Según Qadri, la propuesta trasciende diferencias políticas y responde a una cuestión de justicia, dignidad y humanidad para los pacientes y sus familias.
El objetivo final es que, cuando el sistema sanitario derive a un paciente, asuma la responsabilidad de atenderlo también después de su fallecimiento, garantizando su regreso a la isla de origen. Qadri subrayó que la iniciativa no pretende que la sanidad pública pague un entierro, sino que garantice el regreso del paciente fallecido a su lugar de origen. Concluyó que, aunque no se puede evitar siempre la pérdida de un ser querido, sí se puede evitar que la familia tenga que asumir el coste adicional de traerlo de vuelta.
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