El diputado socialista por Pontevedra es consejero delegado, sin sueldo y con autorización del Congreso, de Vilamide SL, dedicada al arrendamiento de inmuebles
Las claves
- Declara una participación de un tercio en Vilamide SL, valorada en 1.010 euros, y la titularidad de un local comercial en Vigo.
- El Congreso autorizó expresamente que ejerza como consejero delegado sin remuneración.
- Montse Mínguez, portavoz socialista, está en el centro de la polémica por la actividad inmobiliaria de su pareja Sergi Vélez.
- Sergi Vélez posee alrededor de 30 pisos en alquiler, según el PP.
- Mínguez defiende la legalidad de la actividad empresarial de su pareja y la califica de ataque personal.
Luis Antonio Gómez Piña, diputado socialista por Pontevedra y portavoz adjunto de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, compagina sus responsabilidades parlamentarias con la dirección de Vilamide SL, una empresa dedicada al arrendamiento de inmuebles.
El diputado declaró una participación de un tercio en la sociedad, valorada en 1.010 euros, y un local comercial en Vigo propiedad de la compañía. El Congreso de los Diputados autorizó expresamente su cargo de consejero delegado, que ejerce sin remuneración, según la documentación registrada en la Cámara.
Su actividad empresarial coincide con un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales frentes políticos del PSOE. La portavoz socialista Montse Mínguez ha quedado en el centro de la polémica después de que varias informaciones revelasen que su pareja, Sergi Vélez, está al frente de empresas inmobiliarias con una treintena de pisos en alquiler. El PP ha aprovechado el caso para cuestionar la coherencia del discurso socialista contra los fondos especulativos y los grandes propietarios.
Mínguez ha defendido la legalidad de la actividad empresarial de su pareja y ha calificado las críticas de ataque personal. El PP le reclamó un debate sobre las políticas de vivienda después de conocerse que Sergi Vélez cuenta con alrededor de 30 pisos en alquiler. Mínguez sostiene que los alquileres están sujetos a la regulación aplicable en Cataluña.
La documentación pública permite acreditar, en su caso, una participación societaria y un cargo directivo en una empresa cuyo objeto incluye el alquiler de bienes inmuebles. Sin embargo, no consta cuánto factura la empresa por los alquileres ni qué beneficios obtiene, por lo que no es posible cuantificar los ingresos derivados de esa actividad.
Otro caso socialista es el de Joaquín Martínez Salmerón, diputado por Murcia, miembro de la Diputación Permanente y presidente de la Comisión de Justicia, que figura como administrador único de Jomasa Geluk SL, una sociedad constituida con un capital de 931.260 euros. El Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge que la empresa nació tras una escisión parcial de Martínez & Salmerón Abogados, con actividades de gestión y asesoramiento de patrimonios mobiliarios e inmobiliarios.
La polémica se produce en plena batalla política por la vivienda, cuando el PSOE reclama limitar la especulación inmobiliaria y el Gobierno convierte la protección de los inquilinos en uno de sus principales argumentos.
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