Borja Sémper, portavoz nacional del PP, pidió la comparecencia de ocho ministros y del presidente Sánchez tras la crisis migratoria de julio
El Partido Popular ha solicitado al Gobierno que movilice de forma inmediata a todo el personal técnico de extranjería para trabajar en Ceuta en tres turnos –mañana, tarde y noche– con el objetivo de acelerar los expedientes de retorno y expulsión de los inmigrantes que llegaron de forma irregular en las últimas semanas.
El pedido lo hizo el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, durante la reunión del Comité de Dirección celebrada en Génova, donde la crisis en la ciudad autónoma fue el único punto del orden del día. Sémper acusó al Ejecutivo de inacción y preguntó «¿Dónde está el Estado?», subrayando que las medidas administrativas habituales son insuficientes ante lo que describió como una situación «extraordinaria».
El dirigente también criticó la respuesta del Gobierno a la propuesta de un plan integral presentada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Según Sémper, la Moncloa aceptó solo dos de los siete puntos planteados, dejando «otros cinco» pendientes, lo que, a su juicio, retrasa la devolución inmediata a Marruecos y genera incertidumbre sobre la gestión de menores migrantes.
En el mismo discurso, Sémper rechazó la idea de trasladar a los menores a otras comunidades autónomas, señalando que la política social de Marruecos corresponde a Marruecos y no a España. Además, anunció una ofensiva parlamentaria para exigir la comparecencia de ocho ministros –Margarita Robles, José Bolaños, José García‑Margallo, José Marlaska, José Albares, María Saiz, Sira Rego y José Redondo– y del presidente Pedro Sánchez, a fin de que respondan por sus respectivas áreas.
El contexto de la petición se enmarca en los episodios del 30 y 31 de julio, que el PP describió como una «herida que se ha ido agravando semana tras semana», con brotes sanitarios de sarna y tuberculosis en las calles de Ceuta. Sémper acusó al Gobierno de gestionar la crisis «en chanclas y bañador», y sostuvo que la política de retorno debe ser «incuestionable e debatible», sin hablar de reparto de menores.
Fuente: La Vanguardia (Política)
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