Las claves
- Los tres grupos parlamentarios coincidieron en cuestionar que el Gobierno asturiano retrase una decisión a la espera del pronunciamiento del Instituto para la Transición Justa (ITJ).
- El ITJ ha dejado caducar el plazo para resolver el expediente sin emitir una respuesta definitiva.
- Las reuniones se celebraron en la Junta General del Principado y permitieron a los representantes de la plantilla y al director facultativo exponer la situación.
- La paralización de la mina lleva casi un año desde el accidente que causó la muerte de dos trabajadores.
- Los grupos parlamentarios consideran que corresponde al Principado, como autoridad minera competente, resolver la solicitud sin supeditarla al ITJ.
Los trabajadores de TYC Narcea y la dirección de la empresa sumaron el respaldo de PP, Vox y el grupo mixto en su reclamación al Principado para desbloquear el proyecto de explotación de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.
Las reuniones, celebradas en la Junta General del Principado, permitieron a los representantes de la plantilla y al director facultativo de TYC Narcea, Gonzalo Piñuelo, exponer la situación de la empresa y reclamar una solución tras meses de espera.
Los tres grupos parlamentarios coincidieron en cuestionar que el Gobierno asturiano retrase una decisión sobre la reactivación de la actividad a la espera de un pronunciamiento del Instituto para la Transición Justa (ITJ). El ITJ ha dejado caducar el plazo para resolver el expediente sin emitir una respuesta definitiva.
La paralización de la actividad en la mina lleva casi un año desde el accidente en el que fallecieron dos trabajadores. Los grupos parlamentarios consideran que corresponde al Principado, como autoridad minera competente, resolver la solicitud de explotación sin supeditarla al criterio del ITJ. El ITJ ha abierto un nuevo plazo de tres meses para pronunciarse.
Carlos Menéndez, delegado de CCOO, lamentó que la empresa siga paralizada y sin respuesta sobre su proyecto. «No entendemos por qué el Gobierno del Principado sigue sin querer aprobarnos un proyecto de explotación, teniendo el poder de decisión, y sigue a la espera de que el ITJ responda», señaló.
Gonzalo Piñuelo defendió que las cinco autorizaciones del proyecto de investigación complementario concedidas durante los últimos cinco años avalarían la decisión de aprobar el proyecto de explotación.
Rafael Alonso, diputado del PP, respaldó la continuidad de la actividad y cuestionó que el Ejecutivo autonómico no ejerza sus competencias mineras. «No entendemos que, siendo el Gobierno del Principado quien ostenta las competencias en materia de minería, no las ejerza», manifestó. Alonso añadió que el expediente lleva 17 meses en tramitación.
Gonzalo Centeno, diputado de Vox, acusó al Gobierno autonómico de eludir sus responsabilidades. «La Dirección General de Minas es la única competente, de acuerdo con la ley, para autorizar o denegar los permisos de investigación y explotación que en ella se contemplan, no el ITJ», sostuvo. Centeno recordó que la explotación lleva un año parada y que los trabajadores están en casa sin cobrar, una vez agotados los plazos del ERTE.
Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, reclamó al Principado que resuelva la solicitud sin supeditarla a la respuesta del Instituto para la Transición Justa. «No se puede hablar de políticas de impulso demográfico y después no hacer los deberes en cuestiones tan relevantes como la posibilidad de acceder a empleos de calidad en las comarcas menos pobladas», advirtió. Tomé también reclamó una estrategia para el Suroccidente que contemple alternativas de desarrollo industrial y productivo en caso de que la mina cierre.
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