Su presidente, Mario Samper, reclama una política de Estado y no de gobierno.
Vox ha manifestado su intención de adherirse y se reunirá con la asociación el viernes 20, mientras el PP, aun compartiendo las reivindicaciones, no se ha sumado. La propuesta de pacto de Estado de la Asociación de víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, que abarca la seguridad en los trenes, el apoyo a los afectados y los procesos judiciales, cuenta con el respaldo de PSOE, Frente Amplio, Podemos, ERC y Adelante Andalucía. El presidente de la entidad, Mario Samper, lo anunció este martes en Madrid durante una rueda de prensa.
Según la propia asociación, Vox ha manifestado su intención de sumarse, aunque aún no ha concretado la firma. El PP, aunque comparte las demandas, no ha incorporado su voto al proyecto. Samper indicó que la asociación mantiene abierta la puerta a su adhesión y confía en que pueda producirse.
Samper indicó que en las dos últimas semanas la organización ha dialogado con diversas formaciones políticas para lograr su respaldo a un pacto que, a su entender, debe mantenerse alejado de los ciclos electorales y de los intereses partidistas. Hace solo unos días, la asociación pedía a los grupos que definieran su postura con urgencia en pleno periodo preelectoral.
La asociación se reunirá el viernes 20 de noviembre con Vox para formalizar su adhesión y espera la respuesta de Bildu, PNV y Junts.
El presidente afirmó que las víctimas necesitan la certeza de que las medidas se mantendrán gobierne quien gobierne: «No nos sirven promesas», subrayó, «no queremos una política de gobierno, queremos una política de Estado».
El miércoles 18 de noviembre se cumplen diez meses del accidente de Adamuz, que causó 46 fallecidos.
Samper anunció además que el 10 de diciembre la asociación se reunirá con entidades de víctimas de otras tragedias para reunir las medidas que se incorporarán al pacto de Estado.
El texto exigía a los partidos asumir tres ejes prioritarios durante los primeros cien días de la próxima legislatura: reforzar la seguridad ferroviaria con garantías independientes de los intereses económicos, empresariales y políticos; asegurar la atención integral a las víctimas de tragedias y desastres; y establecer una Justicia ágil y eficaz que evite que los procedimientos se alarguen durante años o décadas.
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