CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·10 min de lectura
El presidente en funciones evalúa medidas de gracia en funciones y vincula la vivienda como eje clave de la campaña electoral
Actualización (10 de octubre a las 18:33): Se estudia indultar a García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación en noviembre de 2025, a menos de un mes de las elecciones
Pedro Sánchez y Félix Bolaños, ministro de Justicia, han abierto el viernes la posibilidad de indultar a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado en noviembre de 2025 por revelación de secretos.
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La medida, anunciada a menos de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, ha generado rechazo unánime entre jueces y juristas, que alertan de un riesgo institucional.
Sánchez declaró en eldiario.es que «no lo descarta». Bolaños, en una entrevista posterior en RAC1, insistió en que el Gobierno «estudia el expediente». Además, no descarta una decisión «en estos días». La condena —dos años de inhabilitación por filtrar un correo electrónico vinculado a un caso de fraude fiscal— fue confirmada por el Tribunal Supremo. El tribunal determinó que García Ortiz o su entorno facilitaron información reservada. Esa información concernía al novio de Isabel Díaz Ayuso.
El anuncio ha generado rechazo entre asociaciones judiciales y juristas. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, tacha la medida de «herramienta política» para proteger a «los suyos». Su portavoz, Alejandro González Mariscal de Gante, advierte de que el indulto «erosiona la imparcialidad» y convierte la gracia en un «capricho» del Ejecutivo. «Los jueces no están para acomodar decisiones a necesidades políticas», subraya, recordando que García Ortiz sigue ejerciendo en la Fiscalía del Supremo pese a su condena.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) coinciden en señalar que la ley de indultos, vigente desde 1870, requiere una justificación excepcional. , añade, en referencia a las críticas previas de Sánchez a la sentencia.
Críticas unánimes de jueces y juristas
El rechazo trasciende el ámbito judicial. Hay Derecho, fundación defensora del Estado de derecho, advierte que la medida «favorecería la impunidad» de un cargo público afín al Gobierno. Así, la preocupación se extiende a la sociedad civil. Su directora general, Safira Cantos, recuerda que García Ortiz recibió el respaldo institucional durante los hechos que ahora se indultarían.
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Mientras, Jueces y Juezas para la Democracia (JJPP) propone esperar a los recursos pendientes. La Fiscalía recurrió la condena y García Ortiz solicitó amparo al Tribunal Constitucional. Sólo después de resolver esos recursos se valorará la gracia.
Sánchez criticó previamente la condena a García Ortiz, entonces fiscal general, al considerar que ‘no había delito’. Ahora, la apertura al indulto —sin que medie una revisión judicial— refuerza la percepción de que la gracia se usa como «arma política», según denuncian los colectivos. La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, aunque el plazo se acorta antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Actualización (10 de octubre a las 08:57): El Gobierno analiza la viabilidad legal para aprobar el indulto mientras revisa opciones legislativas pendientes en la Diputación Permanente
Lo ha hecho en un contexto en el que el Ejecutivo revisa la factibilidad de aprobar medidas legislativas pendientes, ya sea en la Diputaci Permanente o mediante decretos.
Sánchez ha afirmado que «no lo descarto» al ser consultado sobre esta posibilidad, aunque ha matizado que su equipo está evaluando todas las opciones legales disponibles. La decisión llega un año después de que García Ortiz fuera condenado por revelación de secretos relacionados con el empresario Alberto González Amador, vinculado públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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La medida, de confirmarse, tendría un impacto político inmediato en un contexto preelectoral marcado por la polarización y las tensiones institucionales.
La Diputaci Permanente, órgano que sustituye al Congreso en periodos de disolución, podría ser clave para desbloquear iniciativas, aunque su capacidad de acción está limitada por los plazos constitucionales. También podría usar decretos-ley, que necesitarían convalidación parlamentaria.
La decisión de Sánchez, si finalmente se materializa, podría interpretarse como un gesto hacia sectores del establishment judicial y fiscal, aunque también como una estrategia para ganar apoyo en un escenario electoral complejo.
Mientras, la oposición ya ha begunado a reaccionar. Fuentes del Partido Popular han criticado la iniciativa, tachándola de «arbitrariedad institucional», mientras que Vox ha exigido «transparencia» en el proceso. El Partido Socialista Obrero Español, por su parte, mantiene una postura expectante, sin descartar apoyos condicionados a garantías legales.
El plazo hasta el 29 de noviembre se presenta como un factor de urgencia. Si el Gobierno opta por la vía del indulto, deberá hacerlo antes de que finalice el año, dado que la disolución de las Cortes limita las opciones legislativas.
Actualización (10 de octubre a las 01:52): El presidente deja la puerta abierta a la gracia mientras el PP acusa de ‘maniobra electoral’ y el Alto Tribunal ya se opuso en junio
Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado en 2024 por revelación de datos reservados, podría ser indultado antes del 29-N, según fuentes del Gobierno consultadas por ABC. La decisión, aun en fase de estudio, responde a peticiones ciudadanas y a una estrategia electoral que busca movilizar a su base.
Pedro Sánchez, en una entrevista con eldiario.es, dejó la puerta abierta a la concesión del indulto al afirmar: «No lo descarto». Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Justicia, se limitó a señalar en RAC1 que «veremos si procede tomar estos días esa decisión». El plazo para adoptar la medida se sitúa entre ahora y la formación del próximo Gobierno, aunque fuentes de Moncloa confirman que el expediente «ya está encima de la mesa».
El caso de García Ortiz reviste especial relevancia en campaña. Durante el proceso judicial, el Gobierno mantuvo un apoyo incondicional a García Ortiz. Este dimitió tras su condena en 2024 y criticó la sentencia, mientras el Ejecutivo acusó al Tribunal Supremo de actuar como ‘lobos solitarios’.
¿Por qué ahora y qué dice el Supremo?
Fuentes del Gobierno reconocen que el debate sobre el indulto, independientemente de su resultado, puede beneficiar su estrategia de campaña al vincularlo con una supuesta ‘guerra judicial’. Encuestas internas, citadas por fuentes cercanas al presidente, revelan que el 65% de los españoles considera que existen investigaciones «sin base» dirigidas a desgastar al Ejecutivo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo se opone frontalmente. En un informe emitido en junio de 2026, el Alto Tribunal rechazó la concesión del indulto al no encontrar «razones de justicia, equidad o utilidad pública» que lo justificaran. La división entre instituciones —Gobierno, Fiscalía y Supremo— refleja la polarización que rodea al caso.
El Partido Popular no ha dudado en aprovechar el debate para atacar al Gobierno. Miguel Tellado, secretario general del PP, acusó a Sánchez de recurrir a «trampas» electorales: «Llega a la política con trampas y se irá con más trampas», escribió en su cuenta de X. Para los populares, la mera mención al indulto confirma que el presidente «sabe que va a perder» y busca «pagar favores» antes de las elecciones.
Contexto: ¿Qué pasó con García Ortiz y por qué importa ahora?
García Ortiz fue condenado en 2024 por filtrar información confidencial vinculada a Alberto González Amador, un caso que el Gobierno siempre presentó como un ataque a su figura. Durante el juicio, el Ejecutivo criticó duramente al Tribunal Supremo, especialmente por un extremo de la sentencia que señalaba que la filtración pudo realizarse «por una persona de su entorno inmediato con su conocimiento». Ministros como Óscar López, también en la oposición a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, llegaron a calificar a los jueces de «lobos solitarios», un término asociado históricamente a la lucha contra el terrorismo.
La estrategia del Gobierno ha sido distinta según el caso. En la investigación de García Ortiz, explota el argumento del lawfare —aunque evita usar el término— para presentar una supuesta ‘persecución judicial’. En otros asuntos de corrupción que le afectan, como los de José Luis Ábalos (condenado a más de 24 años por el caso Leire Diez) o los vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero, se limita a dejar ‘que trabaje la Justicia’. La distinción busca proteger al presidente de una percepción de impunidad. Sin embargo, también desvía la atención hacia lo que el Ejecutivo presenta como una «caza de brujas» judicial.
Si el indulto se concede, el Gobierno enfrentaría un nuevo conflicto con el Tribunal Supremo, que ya ha rechazado la medida.
El caso ya ha reavivado el debate sobre la independencia judicial. El Gobierno, por su parte, ha situado en su discurso la idea de ser víctima de una supuesta ‘persecución judicial’. Para sus detractores, sin embargo, se trata de un intento más de eludir responsabilidades en plena campaña. El 29 de noviembre, los votantes tendrán la última palabra.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, no ha descartado la posibilidad de indultar a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La declaración, realizada el viernes en una entrevista a elDiario.es.
El caso de García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos y con una pena de inhabilitación aún vigente, y el el Tribunal Supremo ya ha mostrado reservas a este tipo de indultos.
El líder socialista ha vinculado esta posible decisión con la necesidad de desbloquear expedientes congelados en las Cortes Generales tras la disolución parlamentaria. «No lo descarto», respondió Sánchez al ser preguntado directamente sobre la posibilidad de indultar al exfiscal antes del 29-N.
Medidas en funciones: vivienda e indultos
Según ha explicado Sánchez, el Consejo de Ministros está revisando la factibilidad de aprobar decretos y medidas ejecutivas que quedaron paralizadas tras la disolución de las Cortes. Entre ellas, figuran iniciativas relacionadas con la vivienda, un tema que el presidente ha convertido en el eje central de su campaña electoral.
El Gobierno ha aprobado reales decretos para paralizar desahucios a familias vulnerables, una medida que Sánchez ha defendido como respuesta a la crisis habitacional. Sin embargo, ha acusado a la oposición —especialmente al Partido Popular y Vox— de haber bloqueado durante la legislatura la regulación de los alquileres, un tema que ahora busca recuperar con fuerza.
En este sentido, el presidente ha criticado duramente a los «grandes tenedores» y a magnates internacionales como Jeff Bezos, a quienes acusa de cuestionar desde el extranjero las políticas públicas de acceso a la vivienda. «Es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos», declaró, en un tono combativo típico de las campañas electorales.
García Ortiz: el indulto que enfrenta al Gobierno con el Supremo
La mención al posible indulto de Álvaro García Ortiz ha llegado en un momento de alta tensión política. El exfiscal general, condenado por revelar información reservada, enfrenta una pena de inhabilitación que el Tribunal Supremo ya ha rechazado convalidar en el pasado. La decisión del Gobierno de explorar esta vía antes del 29-N podría interpretarse como un intento de desactivar un tema sensible para el PSOE en plena campaña.
Sánchez ha diferenciado entre lo que considera «corrupción real» —como el caso de José Luis Ábalos, ex ministro del Gobierno— y lo que define como «ficción y persecución judicial» orquestada por la ultraderecha contra su entorno. Esta distinción refleja la estrategia del líder socialista para contrarrestar las acusaciones de sus rivales, que han cuestionado la gestión de su Gobierno en los últimos años.
Por otro lado, el presidente ha rechazado las dudas planteadas por PP y Vox sobre las garantías del voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre.
El anuncio llega en un contexto de polarización, donde vivienda, corrupción y seguridad electoral dominan el debate electoral. La posible indulgencia hacia García Ortiz añade un nuevo elemento de incertidumbre a una campaña que ya de por sí promete ser convulsa.
El Gobierno ha respondido con decretos de emergencia, mientras la oposición acusa al Ejecutivo de improvisación. El Tribunal Supremo ya ha mostrado su rechazo a indultos similares en el pasado, lo que podría complicar cualquier intento de gracia para el exfiscal.
