Actualización (24 de septiembre a las 15:51):
La vicesecretaria del PP vincula el caso de Maricarmen con el fracaso de la política de vivienda de Sánchez y rechaza el decreto como solución
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha vinculado el desahucio de Maricarmen, una vecina madrileña, a los 25.500 desahucios anuales que se ejecutan en España, denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez mira hacia otro lado ante una crisis que, según sus datos, ha disparado un 74% el precio de la vivienda en propiedad y un 44% el del alquiler en ocho años.
Gamarra, que se reunió en Alcorcón con vecinos afectados por inseguridad y okupación, ha criticado que el decreto de vivienda anunciado por el Ejecutivo no soluciona el problema real, ya que solo cubre alquileres regulados por la ley de 1994, mientras casos como el de Maricarmen —desalojada pese a que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid ofrecieron alternativas— reflejan una política de vivienda inexistente.
El PP propone agilizar licencias de construcción, incentivar el ahorro para vivienda y movilizar el parque de viviendas vacías con «seguridad jurídica». Gamarra ha insistido en que el problema tiene muchos rostros, como el de Maricarmen, pero también el de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, y ha acusado al Gobierno de no abordarlo.
El contexto: la vivienda es competencia autonómica y estatal. El Gobierno ha impulsado el decreto para frenar desahucios, pero el PP lo tacha de insuficiente. Mientras, el precio medio de la vivienda en España superó los 130.000 euros en 2025, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
¿Qué se juegan? El PP apuesta por una reforma estructural del mercado, mientras el Gobierno prioriza medidas coyunturales. La presión social crece: en 2025, el 38% de los españoles consideraba la vivienda su mayor problema, según el CIS.
Actualización (24 de septiembre a las 15:37):
La vicesecretaria del PP vincula el caso de Maricarmen a un problema estructural: el precio de la vivienda en propiedad subió un 74% en ocho años bajo Sánchez
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez de «mirar hacia otro lado» ante los desahucios, citando el caso de Maricarmen como ejemplo de los 25.500 anuales que se ejecutan en España. Gamarra, que se reunió en Alcorcón con vecinos afectados por okupación, ha tachado de «cero» el balance de la política de vivienda del Ejecutivo en ocho años, vinculándolo a un aumento del 74% en el precio de la vivienda en propiedad y del 44% en alquileres.
La dirigente popular ha rechazado el decreto de vivienda del Gobierno como solución, al argumentar que no aborda casos como el de Maricarmen —afectados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994— y ha exigido medidas concretas: agilizar licencias de construcción, incentivar fiscalmente el ahorro para vivienda y movilizar el parque de viviendas vacías «con seguridad jurídica». Gamarra ha recordado que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ya ofrecieron alternativas a la vecina desalojada, pero ha criticado que el Ejecutivo no actúe a nivel estatal.
El PP propone priorizar la vivienda como problema social, algo que, según Gamarra, el Gobierno «no aborda». La vicesecretaria ha vinculado su postura a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien también ha señalado que el desahucio de Maricarmen «pone rostro» a una crisis mayor. Feijóo, según Gamarra, «está dispuesto a abordar» el problema, mientras el PSOE defiende su decreto como avance.
El conflicto refleja una división política: el PP acusa al Gobierno de inacción, mientras el Ejecutivo defiende su decreto como paso inicial. La vivienda, con precios disparados y un parque de alquileres limitado, se consolida como el principal problema para los españoles, según datos citados por Gamarra.
Actualización (24 de septiembre a las 12:42):
La presidenta madrileña alerta de un «ambiente irrespirable» tras ataques con bombas fétidas y protestas frente a su ático en Martínez Campos
Isabel Díaz Ayuso ha sido víctima de un escrache en una feria inmobiliaria de Ifema, donde activistas le lanzaron bombas fétidas, panfletos y una se enfrentó a escasos centímetros antes de ser desalojada por seguridad. Además, este miércoles, decenas de manifestantes se concentraron frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid en el Paseo del General Martínez Campos, vinculado al desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en el distrito de Retiro.
Ayuso ha vinculado ambos episodios a una «serie de algaradas» que, según denuncia, están siendo «más violentas» desde septiembre y que atribuye directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un encuentro con empresarios, la presidenta acusó a Sánchez de «promover la quema de calles» y advirtió de un «ambiente irrespirable» que afecta a empresas, empleados y ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
El conflicto se enmarca en la tensión política entre el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico del PP, donde Ayuso denuncia un «acoso» y una estrategia «populista» para resolver problemas sociales sin soluciones estructurales. La presidenta madrileña alertó de que estas protestas podrían escalar, especialmente en un contexto de polarización creciente en la región.
El ático en Martínez Campos, adquirido tras el desahucio de Maricarmen —una mujer que vivió allí durante décadas—, se ha convertido en símbolo de la lucha vecinal contra los desahucios. La Comunidad de Madrid justificó la compra como parte de un plan de reurbanización, pero la oposición y colectivos sociales lo interpretan como una medida insuficiente frente a la crisis de vivienda.
Sánchez, por su parte, no ha respondido directamente a las acusaciones de Ayuso, aunque en semanas anteriores ya había criticado la gestión autonómica en materia de vivienda y derechos sociales. La escalada de violencia en Madrid refleja un patrón de protestas urbanas que, según datos de la Delegación del Gobierno, han aumentado un 30% en lo que va de año en la región.
Actualización (24 de septiembre a las 10:57):
La presidenta madrileña rechaza intervenciones en alquileres y acusa a Sánchez de demagogia tras el desahucio de una anciana de 87 años
Isabel Díaz Ayuso ha respondido a Pedro Sánchez con un argumento legal: el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que terminó en la calle, no fue decisión de su Gobierno, sino ejecución de una orden judicial por la Policía Nacional. «Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, por orden judicial, no por otro motivo», declaró la presidenta madrileña durante un acto del Círculo de Empresarios de Madrid.
Sánchez había señalado directamente a Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como responsables políticos de la «tragedia social». Pero la respuesta de la presidenta madrileña se centra en las competencias: la ley actual, que el Gobierno central y sus socios han tenido ocho años para modificar, es la que permite esos desahucios. Ayuso los presenta como un hecho inevitable, no como un fracaso de su política de vivienda.
El caso de Maricarmen, sin embargo, expone una grieta política más profunda. Desde 2021, Martínez-Almeida y Ayuso han rechazado intervenciones en los precios de alquiler, defendiendo que generan «inseguridad jurídica». En octubre de ese año, el alcalde respondió con un «Exacto» a una crítica de Rita Maestre (Más Madrid) sobre la falta de regulación. Su postura se alinea con la de Ayuso, que califica la Ley de Vivienda de «absurda» por, según ella, agravar la subida de precios.
Pero el conflicto ha trascendido lo técnico. Tras el desahucio, 10.000 personas se concentraron frente al ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid (6,3 millones de euros) para exigir que se destinara a la anciana. Ayuso ha tachado las protestas de «barra libre de demagogia» y ha acusado a Sánchez de «alentar la quema de calles», elevando el tono hasta convertir el caso en un pulso por el relato de la vivienda en Madrid.
Para rebajar la presión, la presidenta ha recurrido a datos: afirma que Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana registran más desahucios que Madrid, y que «por cada uno en Madrid hay cinco en Cataluña». Pero el episodio deja al descubierto dos visiones enfrentadas: mientras el Gobierno central reclama responsabilidad política, el PP madrileño se escuda en la ley y acusa al Ejecutivo de demagogia.
Actualización (24 de septiembre a las 10:30):
La presidenta de Madrid responde a las críticas del Gobierno por el lanzamiento de la mujer de 87 años, con 10.000 manifestantes en Chamberí
Isabel Díaz Ayuso ha acusado hoy a Pedro Sánchez de «promover» la «quema de calles» tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, en Madrid. La presidenta madrileña reaccionaba así a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien criticó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por «hacer caso omiso» a la «tragedia social» del lanzamiento, acusándolos de estar «más preocupados en comprar y vender aticazos».
El enfrentamiento escaló tras las protestas del miércoles frente al ático adquirido por la Comunidad en Chambera, donde según la Delegación del Gobierno participaron hasta 10.000 personas. Ayuso, durante un encuentro con el Círculo de Empresarios, denunció que Sánchez «alienta esas algaradas» para «deshumanizar» y «acosar» a los gobiernos autonómicos. «Lo hace contra mí, pero sobre todo contra nuestros gobiernos en Madrid», subrayó, añadiendo que «España es una democracia, pero está en manos de un señor que no es demócrata».
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, donde el PP gobierna en solitario. Sánchez había vinculado el desahucio a la falta de políticas sociales, mientras Ayuso defendió la gestión autonómica, acusando al Ejecutivo de instrumentalizar el caso para desprestigiar a su gobierno. La polémica llega en un contexto de creciente polarización política, con protestas ciudadanas que han multiplicado las movilizaciones en la capital.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, también ha sido señalado por su papel en el desalojo. La vivienda en cuestión, adquirida por la Comunidad, fue objeto de una compra pública para evitar su especulación privada, aunque el proceso generó controversia por la rapidez con la que se llevó a cabo. La oposición, como Sumar, ya ha exigido la expropiación del piso y un decreto urgente de vivienda, mientras el Gobierno estudia medidas adicionales para evitar nuevos casos similares.
El presidente asume ‘responsabilidad pequeña’ pero apunta a Martínez Almeida y Díaz Ayuso como principales responsables en un discurso en Nueva York
Pedro Sánchez ha calificado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, como una «tragedia social» durante su intervención en Nueva York. El presidente del Gobierno ha señalado directamente al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, como responsables de la falta de empatía y compromiso para evitar la situación.
Sánchez ha asumido una «cuota de responsabilidad pequeña» pero ha despejado cualquier duda sobre quién tiene la culpa principal: José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región. «Es importante recordar de quién es la responsabilidad principal», ha afirmado, vinculando el caso al fracaso de los partidos de la oposición en el Congreso para aprobar un real decreto que hubiera evitado el desahucio.
El caso de Maricarmen, que ha trascendido hasta la ONU, refleja una crisis de vivienda en España donde los desahucios de mayores de 65 años se dispararon un 42% en 2025 según datos del Ministerio de Vivienda. El Gobierno ya había anunciado en julio un paquete de ayudas urgentes para alquileres, pero su tramitación en el Congreso se ha estancado por la falta de apoyos parlamentarios.
Mientras, el PP y Vox han rechazado cualquier culpa directa. Martínez-Almeida ha insistido en que las competencias son autonómicas, y Abascal ha tachado el caso de «explotación política». La presión mediática internacional, sin embargo, ha obligado a Sánchez a situar el debate en el plano moral: «No podemos permitir que una mujer de 87 años acabe en la calle por falta de solidaridad institucional».
Sigue la cobertura: Sumar exige moratoria urgente tras desahucio de Maricarmen y estalla la guerra interna
