El exjefe de Gabinete de Sánchez denuncia que la UCO actuó sin resolución judicial y sin su presencia durante el volcado de datos
Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el clonado de su teléfono móvil, realizado a mediados de agosto en presencia de su abogado. La defensa argumenta que tanto la incautación del dispositivo en mayo como el volcado de información posterior incumplieron la legalidad.
Los agentes de la UCO exigieron a Serrano la entrega inmediata de su iPhone 15 Pro-Max, junto con el PIN y el código de desbloqueo, en plena calle, en la esquina entre Ponzano y Maudes (Madrid). Según el recurso, actuaron «de forma imperativa y sin resolución judicial que lo permitiera», a pesar de que el juez Pedraz había denegado días antes la condición de investigado por falta de indicios.
El magistrado autorizó después el clonado en sede judicial y con presencia de Serrano y su abogado, pero la defensa denuncia que la UCO ya había extraído los datos en sede policial y «de espaldas» al investigado entre el 14 y 15 de julio. La propia Guardia Civil reconoció posteriormente un «posible error» en este procedimiento.
Serrano está imputado en el caso Leire Díez, que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas y intentos de desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. El juez Pedraz considera que existen indicios para vincularlo con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y con Leire Díez, exmilitante socialista.
La defensa subraya que el móvil estuvo en manos de la UCO desde el 27 de mayo hasta el 14 de julio, sin garantías de que no hubiera acceso ilegítimo a su contenido. Además, el auto de Pedraz que permitía designar un perito para supervisar el clonado se comunicó el mismo día del volcado, el 18 de agosto, sin tiempo material para ejercer ese derecho.
El período de 49 días en que el dispositivo permaneció bajo custodia de la UCO sin la presencia de Serrano constituye un lapso crítico en el que la defensa sostiene que se pudo haber producido un acceso no autorizado a la información contenida, lo que agrava la falta de garantías procesales alegada.
Fuente: elDiario.es







