CRedacción Capitol·1 de septiembre de 2026·2 min de lectura
Exige rastrear el origen de los fondos del referéndum antes de archivar el caso, frente a la Fiscalía y la Generalitat
Sociedad Civil Catalana (SCC) ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue el origen de los fondos destinados al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 antes de aplicar la amnistía. La petición responde al trámite de alegaciones abierto por el órgano contable en julio, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que las partes implicadas se pronunciaran sobre el procedimiento por el desvío de fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas dio un plazo a las partes para presentar sus posturas después de que el alto tribunal europeo emitiera su veredicto. En ese momento, tanto la Fiscalía como la Generalitat de Cataluña solicitaron el archivo urgente de las actuaciones y la aplicación automática de la ley de amnistía, una medida que SCC considera prematura.
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La entidad argumenta que, sin una investigación previa sobre el origen y destino de los fondos, el cierre del caso dejaría sin resolver preguntas clave sobre la gestión de recursos públicos. El procedimiento se centra en el desvío de dinero para financiar el referéndum, declarado ilegal por la justicia española.
La postura de SCC choca con la de la Generalitat, que lidera el Govern catalán, y con la Fiscalía, que en julio ya abogó por el archivo. El Tribunal de Cuentas deberá ahora valorar las alegaciones presentadas antes de decidir si prosigue con la investigación o cierra el caso, en un proceso que podría alargarse semanas.
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, introdujo un nuevo elemento en el debate al obligar a las instituciones españolas a revisar sus actuaciones a la luz del derecho comunitario. Sin embargo, la amnistía aprobada por el Parlamento español sigue siendo el marco legal que rige el proceso, lo que añade complejidad a la decisión final.
El caso también involucra fondos provenientes de la Unión Europea, con desembolsos que se originaron en Luxemburgo, lo que añade una capa internacional al proceso. SCC exige que el Tribunal de Cuentas trace el origen de estos recursos antes de que se aplique la amnistía, argumentando que la transparencia es esencial para garantizar la legalidad de los fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas tiene un plazo de 30 días para emitir su informe sobre la procedencia de los fondos, tras lo cual se decidirá si procede con la investigación o se cierra el expediente. Este plazo se estableció para asegurar una respuesta rápida y evitar retrasos adicionales en el proceso judicial.
