Suecia baja a 14 años la edad penal y El Salvador la fija en 12

El Parlamento sueco aprueba el cambio con 281 votos y Bukele firma la cadena perpetua para menores desde los 12 años, mientras ICE detuvo a más de 6.200 niños en un año

El Parlamento de Suecia aprobó el pasado agosto reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años, con el respaldo de 281 legisladores, incluidos los socialdemócratas de la oposición. El gobierno, sostenido por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, había intentado fijar el umbral en los 13 años, pero no reunió los votos necesarios. Con la norma aprobada, los adolescentes de 14 años pasan a cumplir condena en la misma cadena que los adultos, aunque con penas más cortas. El país nórdico, referencia histórica en protección de la infancia, se suma así a una tendencia punitiva que atraviesa varios continentes.

El caso sueco no es el más extremo. En abril de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó una reforma que permite la cadena perpetua para menores a partir de los 12 años y elimina los topes de internación que existían hasta entonces. Según Human Rights Watch, muchos de los niños detenidos no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión sufren hacinamiento, mala alimentación y se les niega el acceso a abogados y familiares. Un sacerdote activista por los derechos humanos en El Salvador lo explicó en el podcast Carne Cruda: hay niños encarcelados únicamente porque sus padres eran o habían sido delincuentes.

Las jaulas de la frontera tejana y los 6.200 menores del ICE

La ofensiva contra los derechos de los menores tiene en Estados Unidos su punto de partida más visible. El 20 de enero de 2017, Donald Trump tomó posesión por primera vez de la presidencia y puso en marcha una política migratoria de tolerancia cero. El entonces responsable de frontera, Kris Kobach, aplicó esa estrategia que separó a miles de niños de sus familias y los encerró en centros de detención cuyas condiciones fueron calificadas como inhumanas. Las imágenes de las jaulas con menores recorrieron el mundo.

Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el número de menores bajo custodia del ICE a nivel nacional se multiplicó. Según una investigación de The Marshall Project, más de 6.200 niños fueron detenidos en ese periodo, con atención médica deficiente, alimentación inaceptable y nulo acceso a la educación, según describieron sus defensores. Al menos 500 de los pequeños recluidos tenían 3 años o menos.

Gaza: 64.000 niños muertos o mutilados en dos años

En Gaza las cifras dejan de ser política y se convierten en catástrofe. Según UNICEF, en los dos años transcurridos desde el inicio de la ofensiva israelí, al menos 64.000 niños y niñas han muerto o resultado mutilados en la Franja, entre ellos más de 1.000 bebés. El portavoz adjunto de UNICEF cifró en un niño asesinado cada hora de media durante esos dos años. Las fuerzas israelíes han dañado el 97% de las escuelas y el 94% de los hospitales, y los niños tienen siete veces más probabilidades de morir por heridas de explosión que los adultos.

España: 27 universidades privadas nuevas y ninguna pública desde 1998

En España la ofensiva contra los menores adopta formas más silenciosas, según el texto, mediante el desmantelamiento del futuro. Desde 1998 se han creado 27 nuevas universidades privadas y no se ha abierto ni una sola pública. Mientras la universidad pública pierde alumnos e inversión, las privadas se han multiplicado y acaparan, según el portal Universidad, sí, entre el 60 y el 85% de las plazas en los másteres obligatorios para ejercer profesiones como la abogacía, la arquitectura o la docencia. En la Formación Profesional, la falta de plazas públicas deja cada año a miles de jóvenes en listas de espera sin poder estudiar lo que desean.

El texto subraya que estos fenómenos comparten un hilo conductor: la clase social. Los niños encerrados en la frontera tejana, los adolescentes juzgados como adultos en Suecia, los jóvenes encarcelados sin pruebas en San Salvador, los niños vulnerados en Gaza y los estudiantes españoles expulsados de la universidad pública comparten el mismo origen vulnerable, ninguno pertenece a las élites económicas. La decisión, consciente o no, es tratar a la infancia y a la adolescencia de la clase trabajadora no como sujetos de derechos, sino como objetos de control, mercancías o daños colaterales. Desde su aprobación en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas nunca había estado tan en cuestión.