CRedacción Capitol·29 de septiembre de 2026·4 min de lectura
Actualización (29 de septiembre a las 18:26):
Fondo de emergencia, compras conjuntas y ampliación de préstamos para jóvenes: el Govern destina 25 millones iniciales para evitar desahucios
Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, anunció este martes 29 de septiembre tres nuevas medidas para abordar la crisis de vivienda en la comunidad, durante el tercer debate de orientación política de su mandato. Las propuestas incluyen un fondo de emergencia de 25 millones de euros para evitar desahucios, un sistema de compra conjunta de viviendas para mayores de 40 años y la ampliación de los préstamos Emancipación para jóvenes.
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El fondo de emergencia, dotado inicialmente con 25 millones ampliables con aportaciones de bancos y aseguradoras, permitirá a la Generalitat comprar viviendas en riesgo de desahucio y gestionar su alquiler. La segunda medida, habilitada por el Código Civil catalán, permite a personas mayores de 40 años con ingresos estables comprar una vivienda junto al Govern, con opción a venderla o heredarla, aunque la Generalitat tendrá preferencia para recomprarla. La tercera, la ampliación de los préstamos Emancipación, ya ha beneficiado a más de 2.700 jóvenes en su primer año, con créditos de hasta 50.000 euros al 0% de interés.
Estas medidas se suman a otras ya en marcha, como el plan 50.000 de construcción de vivienda, la compra de 4.600 pisos a entidades bancarias en dos años y cambios regulatorios basados en la ley estatal de vivienda. Illa defendió que estas intervenciones han ampliado la oferta y frenado el aumento de precios, situando a Cataluña entre las comunidades con menor subida. Sin embargo, el presidente también advirtió a Junts por Per Cataluña de que la financiación autonómica, próxima a debatirse en el Consejo de Ministros, requiere su apoyo para evitar retrasos.
El discurso de Illa, de más de hora y media, también incluyó un alegato a favor de la amnistía, que calificó de «necesaria» para mirar hacia adelante, y un llamado a la unidad frente a la amenaza del autoritarismo. Criticó la polarización y defendió la democracia como el mejor sistema para afrontar desafíos como el cambio climático y los avances tecnológicos. Además, propuso reforzar la autoridad docente y eliminar pantallas en las aulas, medidas que contrastan con el descontento sindical actual.
Junts, que gobierna en Cataluña, pero no apoya la amnistía, se enfrenta a una decisión clave: respaldar la propuesta de Illa o arriesgarse a quedar fuera de la negociación presupuestaria. El Govern, por su parte, insiste en que actuará «dentro de la ley» para garantizar el acceso a la vivienda, mientras el debate político se centra en si la unidad anunciada por Illa resistirá las tensiones por la amnistía y la financiación.
Cinco ministros comparecen juntos para vender el acuerdo como victoria, pero reconocen concesiones clave tras una negociación nocturna con el PSOE
Sumar ha logrado aprobar este martes dos decretos de vivienda en lugar de uno, tras dividir el llamado decreto Maricarmen para incluir la renovación automática de contratos de alquiler en una norma separada. Los cinco ministros del espacio —Yolanda Díaz (Trabajo), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia)— han comparecido juntos para presentar el acuerdo, en un gesto de unidad que contrasta con la negociación nocturna que obligó a retrasar el Consejo de Ministros hasta las 10:30 horas.
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El principal conflicto fue la renovación automática de alquileres, una demanda histórica de Sumar y del movimiento vecinal. El PSOE cedió a incluirla en un segundo decreto, mientras que el primero recoge medidas como la prórroga de contratos y protección contra desahucios. Bustinduy admitió que no ha conseguido todo lo que proponía, pero vinculó el resultado a la «movilización social» que, según dijo, «ha sido clave» para lograr avances.
La estrategia de Sumar fue simbólica: los cinco ministros comparecieron ante un fondo con el artículo 47 de la Constitución («Por el derecho a la vivienda»), reforzando el mensaje de que las medidas responden a una exigencia constitucional. Mientras, en la Moncloa, el PSOE presentó el acuerdo sin presencia de Sumar, una división que refleja las tensiones internas por priorizar la renovación automática.
El decreto se aprueba en un contexto de presión social creciente. Según Bustinduy, las movilizaciones recientes han acelerado las negociaciones, aunque el texto final diluye algunas de las propuestas iniciales de Sumar. La renovación automática, por ejemplo, se pospone a un segundo decreto, lo que deja abierta la posibilidad de que el PP o Vox bloqueen su tramitación parlamentaria.
El acuerdo llega tras una noche de negociaciones que retrasaron el Consejo de Ministros. Aunque Sumar celebra el avance, el texto definitivo aleja el objetivo de una reforma integral del mercado de alquileres, priorizando medidas urgentes frente a cambios estructurales.
