El sindicato policial mayoritario en el CNP niega que las lesiones en migrantes fueran causadas por agentes españoles y critica el carácter preliminar del informe marroquí
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), fuerza mayoritaria en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), ha rechazado este miércoles las acusaciones de maltrato y agresiones a migrantes en Ceuta vertidas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, organismo oficial del país vecino. En un comunicado, el SUP exige que cualquier denuncia concreta sea investigada, pero advierte que el informe marroquí «se apoya en testimonios y no acredita que las lesiones observadas fueran causadas por agentes españoles».
El informe marroquí reconoce el carácter preliminar de sus conclusiones. Según el sindicato, los observadores marroquíes constataron lesiones en migrantes retornados y recogieron testimonios que atribuyen las agresiones a fuerzas españolas, pero «la existencia de una lesión no acredita por sí sola quién la produjo, cuándo ni en qué circunstancia». El SUP subraya que las acusaciones de esta gravedad requieren pruebas fehacientes y rechaza que se extienda una sospecha generalizada sobre los policías españoles.
El conflicto se enmarca en la crisis migratoria desatada a finales de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera hacia Ceuta. El informe marroquí también señala el papel de las redes sociales en la organización de estos cruces y el aumento de migrantes en los días previos a la avalancha. Mientras, organizaciones no gubernamentales españolas, como la Fundación Raíces, han denunciado malos tratos por parte de las autoridades marroquíes una vez los migrantes fueron retornados al país vecino, así como una supuesta permisividad de Marruecos en la frontera durante los días clave.
El SUP, que representa a una parte significativa de los agentes del CNP, insiste en que las investigaciones deben seguir protocolos judiciales con todas las garantías. La polémica refleja la tensión entre ambos países en la gestión de la frontera, donde España depende de la colaboración marroquí para controlar los flujos migratorios. El Gobierno español no se ha pronunciado aún sobre el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, pero fuentes del Ministerio del Interior han señalado en ocasiones anteriores que las denuncias de maltrato son investigadas de oficio cuando hay indicios suficientes.
El marco legal aplicable incluye la Ley de Seguridad Ciudadana y los protocolos de actuación policial en fronteras, que exigen el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las acusaciones de maltrato a migrantes no son nuevas: en 2021, la Defensora del Pueblo abrió una investigación tras denuncias similares durante otra crisis en Ceuta, aunque entonces no se confirmaron responsabilidades concretas. La Fundación Raíces, por su parte, ha documentado casos de menores no acompañados devueltos a Marruecos sin garantías, lo que añade complejidad al debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia.
Fuente: La Vanguardia (Política)
