La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido en nombre del Ministerio Fiscal revocar la tasación de costas de 39.009 euros impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que la motivación del tribunal no es suficiente.
El Ministerio Fiscal ha respaldado el recurso del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la cuantía de las costas procesales de la causa por revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador. Según un escrito de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, la Sala de lo Penal debería revocar la resolución que fijó la tasación en 39.009 euros, porque la causa no tuvo especial complejidad.
El tribunal había condenado a García Ortiz a una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de las costas y 10.000 euros de indemnización por daños morales. La resolución fijó en 38.508 euros la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, que representó a González Amador, y aprobó definitivamente una tasación de 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora.
La Fiscalía sostiene que la tasación no puede ser un acto automático y que debe justificarse con criterios concretos de procedencia, necesidad, adecuación y proporcionalidad. Para el Ministerio Fiscal, la motivación no puede apoyarse en referencias generales al volumen de actuaciones, a la relevancia institucional del procedimiento o a las incidencias procesales.
La teniente fiscal considera que la condición de aforado del recurrente justifica solo la competencia del Supremo, pero no convierte por sí misma el procedimiento en una causa de especial complejidad. Según la misma fiscal, ni el volumen documental ni la duración del juicio, de apenas dos semanas, permiten afirmar una especial complejidad de la causa.
En una entrevista, Sánchez ha dicho que el indulto está sobre la mesa y que se decidirá en el Consejo de Ministros, que podría adoptarlo en funciones si se produce después de las elecciones.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que es «muy partidaria» de indultar al exfiscal general del Estado. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado la sentencia contra García Ortiz de «un escándalo» y una «injusticia».
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha denunciado la «inmoralidad política y democrática verdaderamente asombrosa» del posible indulto y ha considerado «muy probable» que el Gobierno lo conceda. Sémper ha advertido de que, si gobierna el PP tras las elecciones, quien ha sido condenado no tendrá un trato de favor.
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