El Tribunal Supremo requirió a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para que, en un plazo de cinco días, remitan la relación nominal de 163.020 personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’
Actualización (23 de octubre a las 12:57): El Tribunal Supremo exige a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares remitir antes del 28 octubre la relación nominal de 163.020 nacionalizados al TS, a la JEC y a la OCE, bajo amenaza de multas y responsabilidad penal
El plazo expira el 28 de octubre, exactamente un mes antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
Exteriores ha remitido hasta ahora un fichero acumulativo con 17.914 registros, muy lejos de los 163.020 afectados. La OCE detectó «numerosos errores» en ese fichero, lo que impidió su uso para depurar el censo electoral.
A través de DICIREG, el Registro Civil digital obtuvo datos de 76.600 nacionalizados y logró localizar a 38.188 de ellos en el censo electoral vigente. Esa relación fue remitida a Exteriores para facilitar la búsqueda de los expedientes consulares.
El conflicto se origina en la Ley de Memoria Democrática y la instrucción administrativa de 2022 que reguló el acceso a la nacionalidad de descendientes de españoles.
El Tribunal Constitucional rechazó por diez votos a dos admitir el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra la medida cautelar. El Gobierno había sostenido que revisar individualmente todos los expedientes antes de las elecciones era materialmente muy difícil por la falta de digitalización de documentación antigua.
Con la nueva exigencia del Supremo, el Ejecutivo deberá identificar en cinco días a los 163.020 afectados para que la Administración electoral determine quiénes pueden ejercer el voto el 29 de noviembre.
Las claves
- Si no envían la lista, pueden ser objeto de multas de 1.000 euros y responsabilidad penal.
- El Gobierno estima que 163.020 inscritos en el CERA están afectados por la suspensión cautelar del voto.
- Solo 91 de los 31.390 expedientes revisados han recibido certificación consular de exilio.
- La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que la relación nominal es esencial para la transparencia del censo electoral.
- El TS advierte que, tras tres multas sin respuesta, podrá remitir los hechos al Ministerio Fiscal.
El TS advirtió que, de no cumplir el requerimiento, los ministros podrían ser objeto de multas de 1.000 euros, reiterables hasta la completa ejecución del fallo, y que la Sala podría deducir testimonio para exigir responsabilidad penal.
Según el Gobierno, 163.020 inscritos en el censo de residentes en el extranjero (CERA) están afectados por la suspensión cautelar del derecho al voto acordada por el TS el 10 de septiembre. Solo los que cumplan la Ley de Memoria Democrática, es decir, descendientes de exiliados políticos durante la dictadura franquista, podrán votar si los Consulados expiden la certificación correspondiente. El TS señaló que la falta de la lista impide tanto excluir a los nacionalizados indebidamente como mantener a los que cumplen la Ley, vulnerando la transparencia del proceso electoral.
Hasta la fecha, el Gobierno ha comunicado que solo 91 de los 31.390 expedientes revisados han recibido certificación consular de exilio. El TS recordó que la propia Administración había tramitado y resuelto esos expedientes, por lo que conoce la identidad de todas esas personas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo subrayó que la entrega de la relación nominal es absolutamente necesaria para la correcta ejecución de las decisiones judiciales.
En caso de incumplimiento, el TS podrá imponer multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables hasta que la lista sea entregada, y, tras tres multas sin respuesta, remitir los hechos al Ministerio Fiscal.
La magistrada Alicia Millán, única disidente, mantuvo su posición contraria a la suspensión cautelar del voto de los ‘nietos’ desde su adopción el 10 de septiembre.
Antes, en Capitol
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