La investigación reveló este lunes que la trama del caso Cerdán estableció una tarifa de 48.000 euros al año para amañar contratos
Las claves
- La tarifa se cobraba a 4.000 euros mensuales a empresarios a cambio de acceso a adjudicaciones.
- Participaron en la operativa el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Antxón Alonso y Leire Díez.
- La UCO considera a Servinabar el epicentro operativo de la trama.
- El contrato más importante bajo revisión es el desdoblamiento del túnel de Belate por 76 millones de euros.
- Servinabar no tenía empleados ni realizó trabajos que justificaran las cantidades percibidas.
La tarifa se cobraba a 4.000 euros mensuales a empresarios a cambio de facilitarles adjudicaciones y acceso a los gobiernos de Navarra y del País Vasco. Según el periodista José María Olmo, en la operativa participaban el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, y Leire Díez, entonces directora de relaciones institucionales de Correos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a Servinabar como el «epicentro operativo» de la trama. Entre los contratos navarros bajo revisión destaca la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate, cuyo importe asciende a 76 millones de euros. Otros contratos investigados incluyen obras de Acciona en Pamplona, como el archivo de Navarra y el palacio de deportes, donde se sospecha que Servinabar actuó como mero comisionista.
El periodista Olmo indica que Servinabar «no tenía los empleados ni tampoco llegó a realizar ningún trabajo que justificara las cantidades que percibió». Las cantidades millonarias habrían servido únicamente para pagar la mediación de Antxón Alonso y de Santos Cerdán ante un gobierno foral que, según Olmo, «manejaba como si fuera una marioneta, el gobierno de María Chivite».
Una comisión de investigación del Parlamento de Navarra detectó «irregularidades y deficiencias procedimentales» pero descartó la existencia de corrupción acreditada. El jefe de investigación de El Confidencial calificó esa conclusión como «casi una broma» por la abundancia de información que apunta a graves irregularidades.
Olmo señala que los implicados fueron «muy torpes y dejaron un rastro que ahora es muy difícil diluir». Se intentó convencer de que el socialista Ramón Alzórriz «no sabía que la empresa era de Cerdán» pese a que su mujer cobraba en Servinabar durante años.
En mayo, la UCO registró la vivienda de Santos Cerdán en Milagro y analizó libretas, documentos y agendas encontradas tanto allí como en la sede del PSOE en Ferraz. En esos documentos aparecen anotaciones sobre el fiscal Carlos García Berro, responsable de vigilancia penitenciaria en 2024 y 2025, quien habría permitido que trece miembros de ETA se beneficiaran de permisos del gobierno vasco.
El líder abertzale Arnaldo Otegi verbalizó que, si fuera necesario, apoyaría los presupuestos generales del Estado para liberar a los 200 presos que quedaban de ETA.
Santos Cerdán ha recurrido la entrega al juez del material intervenido y denuncia manipulaciones, aunque Olmo considera que su defensa tiene «pocos» argumentos ante pruebas «abrumadoras y bochornosas». Olmo afirma que Cerdán «era secretario de organización del PSOE por la mañana y constructor por la tarde» y que necesitaba que el PSOE siguiera en el poder para mantener sus intereses personales.
La investigación también apunta a la presidenta de Navarra, María Chivite, sospechando que tuvo un «papel subordinado» en la organización dirigida por Cerdán. Olmo concluye que «nada de esto habría sido posible sin la colaboración de María Chivite» y que queda por determinar por qué permitió que ocurriera.
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