Son las de Barbate, Alhaurín el Grande, Matalascañas y Valle de Güímar. Tres están en Andalucía y la cifra seguirá creciendo cada semestre hasta que terminen las obras.
Lo esencial
- En 2018 el Tribunal de Justicia de la UE impuso una multa fija de doce millones de euros.
- Lo pagado hasta ahora por este concepto ronda los 90 millones de euros.
- Solo siete de cada diez EDAR analizadas por la Junta cumplen los criterios europeos, según Ecologistas en acción.
De las nueve localidades que originaron la sanción, cuatro siguen sin regularizar su situación: Barbate (Cádiz), Alhaurín el Grande (Málaga), Matalascañas (Huelva) y Valle de Güímar (Tenerife). Tres de esas cuatro depuradoras están en Andalucía. Mientras las obras no terminen, la cifra seguirá creciendo cada semestre.
Desde 2011, España lleva impuesta por la Unión Europea una sanción por no gestionar adecuadamente las aguas residuales antes de su vertido al entorno natural. En julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE la sancionó nuevamente, imponiendo una multa fija de doce millones de euros y un importe adicional que se exigirá cada semestre mientras persista el incumplimiento.
Esa cantidad semestral, que inicialmente rondaba los once millones de euros, ha disminuido a medida que varias localidades solucionaron sus problemas de saneamiento.
El Estado asume oficialmente la factura, aunque traslada parte del gasto a la administración que sea responsable de cada retraso. En Barbate y Matalascañas corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que en Alhaurín el Grande es la Junta de Andalucía, que paga unos 634.000 euros cada semestre por las aguas residuales de cuatro municipios: Alhaurín el Grande, Cártama, Alhaurín de la Torre y parte de la capital malagueña.
En Alhaurín el Grande, el Tribunal Supremo anuló el proyecto de la Junta para construir una depuradora tras la interposición de un recurso por parte de los vecinos. Por ello, la sanción continuará aplicándose a un ritmo de 1,3 millones de euros al año, lo que equivale a unos 3.500 euros diarios.
Los retrasos se explican por los cambios de ubicación de los proyectos, los largos trámites ambientales, la oposición social y la falta de acuerdo entre administraciones. La instalación de Matalascañas, además, se sitúa próxima al Parque Nacional de Doñana, uno de los espacios naturales más protegidos de Europa, circunstancia que obliga a extremar la cautela antes de autorizar cualquier obra.
Los vecinos de Matalascañas han presentado el caso ante la Comisión Europea debido a episodios repetidos de malos olores y atascos en la red de saneamiento.
En Málaga se descargan al río Guadalhorce cerca de 5.900 millones de litros de agua sin tratar cada año.
En Barbate, los aliviaderos del río arrastraron aguas sucias y residuos hasta la orilla el pasado verano, lo que obligó a cerrar playas. No fue un caso aislado: los informes advierten de que esta depuradora no cumplió los parámetros legales de vertido en ningún mes del último año analizado.
Los andaluces llevan más de una década contribuyendo a financiar estas infraestructuras a través del canon del agua, un tributo autonómico vigente durante 12 años que gravaba el uso urbano del agua potable.
El último informe de Medio Ambiente de Andalucía examina menos de la mitad de las 789 depuradoras de la comunidad, de las cuales 82 están en fase de construcción. Ecologistas en Acción denuncia que se omiten datos de la mayoría, entre ellas algunas de las más problemáticas.
Según el informe de esta ONG, siete de cada diez de las depuradoras analizadas por la Junta siguen los criterios europeos de saneamiento. Córdoba obtiene el mejor resultado, con un 92 % de cumplimiento, mientras que la provincia de Málaga no llega al 49 %. Huelva y Sevilla superan el 80 %, y Cádiz y Almería rondan el 60 %.
Granada muestra la mayor disminución respecto al año anterior, con una caída de 9 puntos porcentuales y el 40 % de sus infraestructuras que no cumplen la normativa.
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