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El Tribunal de Cuentas rechaza archivar el caso del sueldo del hermano de Sánchez

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El Tribunal de Cuentas rechaza archivar el caso del sueldo del hermano de Sánchez

Entre los investigados se encuentra David Sánchez Pérez-Castejón, quien es hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

·18 de noviembre de 2026·2 min de lectura

Entre los investigados se encuentra David Sánchez Pérez-Castejón, quien es hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el auto, el tribunal considera que los presuntos pagos carentes de justificación hacen necesaria la investigación, que puede acabar en el reintegro de fondos públicos y embargos. Este miércoles, el Tribunal de Cuentas emitió un auto dentro del procedimiento de Acción Pública B158/2026, manteniendo abierta la investigación sobre los salarios de la Diputación Provincial de Badajoz. La resolución coincide con el criterio del Ministerio Fiscal.

La resolución implica la designación de un delegado instructor que analizará las eventuales responsabilidades contables vinculadas a la creación de dos puestos laborales.

El procedimiento arrancó con la acción pública que la asociación Iustitia Europa ejercitó en julio de 2026, dirigida jurídicamente por su presidente, Luis María Pardo. La acusación se basó en los hechos recogidos en una resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz, dictada el 14 de julio del mismo año. El 2 de septiembre, el Tribunal de Cuentas reconoció oficialmente a la asociación como entidad pública.

En su fundamento jurídico tercero, el auto sostiene que las denuncias se refieren a «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos».

El propio tribunal propondrá a su Comisión de Gobierno el nombramiento del delegado instructor, que practicará las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Esta etapa servirá para estimar el posible daño económico a las arcas públicas y para señalar a los presuntos responsables. También se podrá efectuar la liquidación provisional del alcance, solicitar el ingreso de las sumas correspondientes y acordar embargos que aseguren la devolución de los fondos.

Pardo ha defendido que «cada euro de dinero público debe estar justificado» y que quienes hayan causado un perjuicio a las arcas públicas «deben responder con su patrimonio». Según ha anunciado, la asociación exigirá todas las responsabilidades contables que correspondan y buscará que el dinero indebidamente percibido regrese a las arcas públicas, porque «ese dinero pertenece a los españoles».

Pardo afirma que Iustitia Europa llegará hasta el final y sostiene que la acción pública brinda a la sociedad civil la posibilidad de fiscalizar al poder y combatir la corrupción.

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