En 2024 se indemnizó a cuatro trabajadores que ya tenían la edad mínima de jubilación, con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado
El Tribunal de Cuentas está analizando una posible irregularidad en la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, por el pago de indemnizaciones por despido a trabajadores que ya tenían cumplida la edad que les permitía acceder a la jubilación.
La investigación deriva de la auditoría operativa que realizó la delegación de Asturias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las cuentas de Ebhisa del año 2024.
En 2024 se indemnizó a cuatro trabajadores para que dejaran la empresa, los cuales tenían ya cumplida la edad mínima para poder acceder a la jubilación. El convenio colectivo de Ebhisa no contiene ninguna cláusula que obligue a los trabajadores a jubilarse al cumplir la edad legal. En sus tiempos, Ebhisa llegó a tener empleados con 70 años de edad cumplidos.
En ocasiones anteriores la salida de estos trabajadores mayores de edad se había articulado mediante un ERE, que exige al menos seis trabajadores. Al ser solo cuatro los trabajadores que sobrepasaban la edad de jubilación en 2024, se optó por despidos objetivos individualizados por causas económicas, organizativas o de producción. La indemnización establecida fue de un máximo de 20 días por año trabajado, con un tope de nueve meses de salario.
La IGAE de Asturias señaló en su informe de auditoría operativa las supuestas irregularidades detectadas y lo remitió a los servicios centrales de la IGAE. Los servicios centrales pusieron en conocimiento del Tribunal de Cuentas las irregularidades halladas en la terminal de minerales en las cuentas de 2024.
Los despidos de los cuatro trabajadores se decidieron después de que el asunto se tratara en el Consejo de Administración de Ebhisa. Ebhisa está mayoritariamente participada por la Autoridad Portuaria de Gijón y su accionariado incluye también a tres empresas privadas.
Antes, en Capitol
9 de octubre. El PP exige auditoría a las cuentas de La Nava pendientes desde 2019. La formación critica la falta de presupuestos aprobados, cuestiona la gestión del geriátrico La Jara y reclama transparencia pública.
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