El tribunal concluye que lo que publicó la DGA en ‘Aragón Hoy’ sobre el investigado por el fuego no vulneró el secreto de la investigación judicial
Las claves
- El tribunal consideró que la información publicada en ‘Aragón Hoy’ no puso en peligro el éxito de la investigación ni afectó la privacidad del sospechoso o de sus familiares.
- El tribunal tampoco detectó intromisión en el derecho al honor del investigado ni un juicio paralelo o desorientación de la opinión pública.
- La información publicada parece tener un cariz procesal relativo a la situación personal del investigado y no es sustantiva ni valorativa.
- El Gobierno de Aragón transmitió a través de su medio digital sus propias pretensiones, no el resultado o contenido de diligencias de instrucción.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaca ha desestimado la existencia de irregularidad alguna en la información difundida por el Gobierno de Aragón sobre el incendio de las Peñas de Riglos.
Con esa decisión archivó la pieza de investigación abierta por el juzgado para aclarar si se había difundido información reservada de la investigación procesal.
El pasado 3 de septiembre el Ejecutivo aragonés informó de que ese mismo día había solicitado al Tribunal de Jaca el ingreso en prisión provisional del investigado por el incendio de Santa María de la Peña, sin fianza o, subsidiariamente, bajo una fianza de 100.000 euros.
El tribunal, al analizar la información publicada en la plataforma ‘Aragón Hoy’, declaró que no se aprecia que se haya puesto en peligro el éxito de la investigación ni que se haya afectado a la privacidad del sospechoso o de sus familiares. Asimismo, señaló que no se evidencia intromisión en el derecho al honor del investigado, ni un juicio paralelo, ni desorientación de la opinión pública, ni predicción de la sentencia.
El juzgado consideró que la información publicada «parece tener un cariz procesal, relativo a la situación personal del investigado y no sustantivo o valorativo de indicios, o revelador del contenido de diligencias practicadas».
Según el tribunal, el Gobierno de Aragón transmitió a través de su medio digital sus propias pretensiones, sin incluir el resultado o contenido de diligencias de instrucción o resoluciones a las que hubiera tenido acceso.
Por todo ello, el Tribunal no aprecia razones para exigir responsabilidades penales ni para aplicar las sanciones económicas previstas en la ley. Concluyó que la información publicada no vulneró el secreto o reserva de la investigación judicial.
Corrección (20/10/2026): el titular decía que el tribunal «no impone 100.000 euros»; esa cifra era la fianza que el Gobierno de Aragón pidió para el investigado, no una sanción, y la fuente no fecha la resolución el 20 de octubre.
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