Según fuentes de la investigación, los agentes salieron convencidos de que el control de las cuentas de Ferraz fue laxo, y el juez Ismael Moreno ha pedido al tribunal un informe ampliatorio en diez días.
Agentes de la UCO de la Guardia Civil acudieron el jueves 12 a la sede del Tribunal de Cuentas para pedir documentación sobre las donaciones recibidas por el PSOE. Según fuentes de la investigación, salieron convencidos de que los controles aplicados a las cuentas de Ferraz fueron muy laxos.
Durante la diligencia, la letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Nacional y los agentes interrogaron a varios técnicos del organismo. El objetivo de esta diligencia de constancia, que no fue un interrogatorio formal, era averiguar qué mecanismos internos se utilizan para elaborar los informes sobre las cuentas del partido.
La Guardia Civil y el juzgado pretendían averiguar de quién dependen jerárquicamente los técnicos que redactan esos informes y quién realiza el cribado interno de la información contable.
La diligencia se practicó por mandato del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a las puertas del arranque de la campaña electoral. Buscaba determinar si el PSOE había ocultado información sobre sus donaciones al Tribunal de Cuentas o si este órgano no entregó a la Audiencia Nacional alguna documentación por otro motivo.
El juez examina como posible vía de financiación irregular el llamado «pitufeo»: que entre las donaciones a Ferraz se camuflaran pagos de constructores al partido a cambio de supuestos amaños de obras del Ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.
Fuentes del caso indican que se han hallado donaciones al PSOE sin identificar. La UCO ha analizado las aportaciones recibidas por el partido entre 2017 y 2024. Según esas fuentes, ha detectado además un desfase en las donaciones al cotejar la documentación aportada por el propio partido, por entidades bancarias y por el Tribunal de Cuentas.
Ante esas discordancias, Moreno ha pedido al órgano fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, que elabore en diez días un informe ampliatorio con sus explicaciones. Las respuestas de los técnicos durante el requerimiento sorprendieron a los agentes y a la letrada, según esas fuentes, que consideran previsible que el asunto tenga más recorrido judicial, con la declaración de los técnicos como testigos. Antes de acordar cualquier citación, el juez esperará el informe de la UCO sobre el requerimiento.
La Sección de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas la integran Dolores Genaro Moya, consejera propuesta por el PSOE, y Elena Hernáez Salguero, propuesta por el PP. Fuentes del organismo señalan que Genaro Moya permaneció a disposición de la UCO en la sede de la calle Padre Damián de Madrid durante todo el requerimiento, que se prolongó hasta la noche, aunque los agentes no necesitaron su colaboración. Hernáez Salguero se encontraba de viaje en el extranjero.
En esta pieza separada y secreta se han detectado también anomalías contables, según las fuentes del caso: faltan facturas y otras tienen conceptos indescifrables.
Para saber más: Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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