La Comisión proponía un año de retraso, pero Consejo y Eurocámara acuerdan dos tras la presión de Estados Unidos, Catar, Alemania, Italia y la República Checa. Las normas iban a empezar el 1 de enero de 2027.
Las claves
- La Comisión Europea había propuesto un aplazamiento de un año.
- Estados Unidos y Catar habían solicitado en junio una revisión del reglamento aprobado en 2024.
- Más de 50 organizaciones ecologistas han criticado el aplazamiento.
- El acuerdo deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento y entrará en vigor antes de que finalice el año.
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron en la madrugada de este jueves un acuerdo provisional para retrasar dos años la aplicación de las normas de seguimiento y notificación de emisiones de metano a los importadores de petróleo, gas y carbón. La Comisión Europea propuso retrasar un año la entrada en vigor de las obligaciones previstas para el 1 de enero de 2027.
El pacto, según los comunicados de ambas instituciones, otorga flexibilidad a los Estados miembros y a los operadores para garantizar un suministro energético seguro y fiable ante la volatilidad mundial, y preserva el compromiso de la UE de recortar las emisiones de metano conforme a sus metas climáticas.
Los importadores habían advertido que podrían no alcanzar un suministro suficiente conforme a la normativa vigente, mientras los mercados energéticos registran precios altos debido al conflicto en Oriente Medio.
En junio, Estados Unidos y Catar solicitaron revisar el reglamento aprobado en 2024, y Alemania, Italia y la República Checa también pidieron posponer su aplicación. La Comisión se negó al principio a tocarlo, pero acabó cediendo.
En la cumbre europea del 15 y 16 de octubre, los dirigentes de los Veintisiete pidieron a Bruselas que busque fórmulas para bajar el coste de la energía y respaldaron medidas como el retraso de un año que había planteado la Comisión.
Más de 50 organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y Amigos de la Tierra, han criticado el aplazamiento, al considerar que no mejorará la seguridad energética ni reducirá los precios. La Comisión sostiene que la medida no afecta los objetivos climáticos de la UE.
Según lo pactado, los importadores de crudo, gas natural y carbón tendrán hasta mayo de 2030 para acreditar el cumplimiento de los requisitos. Entre ellos figura que los contratos de suministro celebrados o renovados desde el 4 de agosto de 2024 se refieran solo a combustibles sometidos a medidas de seguimiento, notificación y verificación equivalentes a las europeas. La misma fecha será aplicable cuando se informe sobre los esfuerzos para adaptar los contratos más antiguos.
Los importadores y productores de la UE tendrán que declarar la intensidad de metano de los combustibles fósiles que venden antes del 5 de agosto de 2030, en vez del 5 de agosto de 2029 que se preveía inicialmente.
Los operadores de gas y petróleo de la UE contarán con dos años adicionales para entregar informes verificados que integren mediciones de metano tanto a nivel de emplazamiento como de fuente. Tendrán que entregarlos antes del 5 de agosto de 2030 para los activos que no explotan y antes del 5 de febrero de 2029 para los que sí explotan directamente.
El Consejo y los eurodiputados están de acuerdo en que la legislación se interpreta sin menoscabo de las medidas restrictivas impuestas a los países sancionados por la UE.
La Comisión vigilará y examinará la aplicación del reglamento, y remitirá un informe al Consejo y al Parlamento a más tardar el 1 de enero de 2028, y posteriormente cada cinco años. Cuando proceda y sea necesario, presentará también una propuesta legislativa.
El Consejo y el Parlamento deben ahora refrendar el acuerdo provisional y adoptar formalmente la modificación del reglamento, que entrará en vigor antes de que acabe el año. El metano es un potente gas de efecto invernadero, responsable de alrededor del 30 % del calentamiento global, y reducir sus emisiones es clave para que la UE alcance sus objetivos climáticos.


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