UNEF consideró «recaudatorio e injustificado» el nuevo impuesto que Castilla y León prevé aplicar a los parques solares
Las claves
- La energía solar ha ahorrado más de 17.000 millones de euros a los consumidores españoles en 18 meses.
- Los ayuntamientos que albergan parques solares perciben alrededor de 10.000 euros anuales por megavatio instalado.
- UNEF señaló que el impuesto se basa en hectáreas ocupadas y no en la generación, penalizando al norte de la comunidad.
- Donoso describió el impuesto como un «impuesto al futuro» que afecta la competitividad de empresas y ciudadanos españoles.
José Donoso, director general de UNEF, aseguró que «es un impuesto absolutamente recaudatorio e injustificado que penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias».
El último estudio de UNEF indica que por cada euro invertido en energía fotovoltaica, se obtiene un ahorro de ocho euros en el precio de la electricidad. En los últimos 18 meses, la energía solar ha permitido a los consumidores españoles ahorrar más de 17.000 millones de euros.
Los parques fotovoltaicos ya contribuyen con impuestos estatales (IAE, Ivpeee, IEE) y municipales (ICIO, IAE, Ibibices). Los ayuntamientos que albergan parques solares perciben un ingreso anual de en torno a 10.000 euros por megavatio instalado, lo que representa una palanca importante para su desarrollo.
UNEF critica que la supuesta compensación ambiental del impuesto no exista, pues todos los proyectos ya cuentan con informe ambiental positivo de la Junta de Castilla y León.
El método de cálculo del impuesto, basado en hectáreas ocupadas y no en generación, no considera las diferencias de producción entre el norte y el sur de la comunidad. Esta fórmula penaliza especialmente a las inversiones del norte y a los proyectos que buscan mayor integración ambiental, como la biodiversidad, el pastoreo o la apicultura.
Los límites de exención del impuesto no contemplan todas las posibilidades de autoconsumo compartido habilitadas por el RDL 7/2026, impidiendo a empresas e industrias locales aprovechar esa ventaja competitiva. Donoso concluyó que se trata de «un impuesto al futuro» que afecta al desarrollo económico y a la competitividad de empresas y ciudadanos españoles beneficiados por la energía solar.
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