València activa la renta de inclusión con prioridad nacional

La reforma, aprobada hace seis meses por PP y Vox en Les Corts, exige tres años de empadronamiento y genera denuncias de racismo institucional

València. El martes entra en vigor la nueva renta valenciana de inclusión tras las modificaciones aprobadas hace seis meses por PP y Vox en Les Corts Valencianes.

Las entidades que trabajan con personas migrantes denuncian que este cambio supondrá un caso de «racismo institucional». El coordinador de València Acull, Lucas Pérez, afirma que muchas de las personas que podrían optar a la renta valenciana de inclusión se quedarán ahora fuera por no cumplir el nuevo requisito de empadronamiento.

Pérez califica la implantación de la llamada prioridad nacional en la renta valenciana de inclusión de «retroceso social» y sostiene que el aumento del tiempo mínimo de empadronamiento crea barreras que consolidan un «racismo institucional». Además, señala que la medida también afectará a personas con nacionalidad española que, por razones laborales, se ven obligadas a cambiar de residencia con frecuencia.

Isa Barrajón, responsable de Migraciones de Comisiones Obreras del País Valencià, asegura que la modificación legal impulsada por PP y Vox no constituye un ajuste técnico, como sostienen sus promotores, sino una medida orientada a excluir a las personas migrantes. Los nuevos requisitos de empadronamiento son «inalcanzables y desproporcionados» y, junto a otras exigencias, pueden empujar a cientos de familias a la exclusión social.

Barrajón considera que vincular el acceso a servicios y recursos públicos al origen nacional supone romper el principio de igualdad de trato y vulnerar tratados internacionales. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defendió la reforma en la sesión de control y aseguró que servirá para «poner en valor el arraigo de la vecindad con nuestro territorio».

Pérez Llorca destacó la exigencia de haber estado empadronado durante los tres años anteriores a la solicitud, la compatibilidad con ingresos del trabajo y el refuerzo del compromiso de búsqueda activa de empleo. Recordó que la Generalitat ha elevado de uno a cinco años el periodo mínimo de residencia habitual y efectiva para determinados procesos de adjudicación de vivienda social.

El futuro reglamento de gestión del parque público de viviendas incorporará criterios relacionados con el arraigo, la integración educativa y laboral y las circunstancias sociales y familiares. Pérez Llorca sostuvo que estas medidas responden al «sentido común» y que la prioridad del Consell es «mejorar la vida de todos los valencianos y de todas las valencianas».