El Ayuntamiento de Alcobendas apoya la reclamación y estudia alternativas técnicas, mientras Madrid defiende que cumple la normativa urbanística
Unos 3.000 residentes de La Carrascosa, en el municipio madrileño de Alcobendas, han iniciado una protesta contra la construcción de una torre eléctrica de 47 metros de altura a menos de 40 metros de sus viviendas, impulsada por Red Eléctrica sin aviso previo. La estructura, ubicada en el límite con el distrito de Fortaleza (Madrid), ha generado preocupación por posibles riesgos para la salud y la depreciación de propiedades, cuyo valor oscila entre 1,6 y 2,2 millones de euros.
Los vecinos, que alegan falta de estudios concluyentes sobre los efectos a largo plazo de las ondas electromagnéticas, han recibido el respaldo del Ayuntamiento de Alcobendas. En un Pleno extraordinario, el Consistorio aprobó por unanimidad un texto que insta a «alejar el tendido eléctrico de entornos residenciales» y explorar su soterramiento. «Nuestra postura es inequívocamente contraria a esta torre tan próxima a las viviendas», declararon desde la Alcaldía, que se compromete a destinar recursos para buscar alternativas.
Red Eléctrica, responsable de la infraestructura, asegura que la obra cumple con la normativa y que un estudio previo avaló la seguridad de la distancia. Sin embargo, tras la presión vecinal, la empresa ha aceptado evaluar la viabilidad técnica de soterrar la torre, cuyos resultados se conocerán a mediados de septiembre. Si se aprueba, el proyecto podría trasladarse al término municipal de Madrid, lo que requeriría negociaciones con el Ayuntamiento capitalino.
El conflicto refleja la división competencial entre Madrid y Alcobendas, que ha retrasado la respuesta institucional. Mientras el Ayuntamiento de Madrid defiende que la torre se ajusta al «proyecto de urbanización aprobado» —sin alegaciones previas de Alcobendas—, los vecinos denuncian desprotección. «No hay un estudio que garantice la inocuidad de vivir expuestos a estas ondas durante años», advirtió Víctor, portavoz de los afectados, quien también alertó sobre el impacto económico: «Una torre así devalúa cualquier propiedad».
La Junta de Compensación de Solana de Valdepeñas, barrio al que dará servicio la torre, también ha sido requerida por los vecinos para que confirme el cumplimiento de la normativa de salubridad. El caso ilustra la tensión entre infraestructuras energéticas y desarrollo urbano en zonas residenciales de alto valor, donde la proximidad de estas instalaciones choca con la calidad de vida y el patrimonio inmobiliario.
Fuente: El Mundo
