CRedacción Capitol·26 de agosto de 2026·2 min de lectura
La Generalitat admite reformas pendientes desde 2017, mientras docentes denuncian que usan comedores como aulas ante la falta de espacios
Ciento treinta y siete directores de escuelas públicas valencianas, junto a 77 jefes de estudios y 56 secretarios, presentaron su dimisión por escrito ante la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana el pasado curso, en protesta por la precariedad de las instalaciones y la sobrecarga burocrática. El caso más extremo es el del colegio rural de Benavites y Quart de les Valls (Valencia), donde un aulario lleva siete años esperando una reforma estructural y los alumnos reciben clase en el comedor, junto a la cocina, mientras el baño permanece en medio del patio.
Jaume Olmos, director del centro, denunció que la Conselleria de Sanidad —dependiente también de la Generalitat— le ha sancionado por incumplir normas higiénico-sanitarias al usar el comedor como aula, sin ofrecer alternativas. «Hemos normalizado la precariedad», afirmó. La situación se repite en otros centros: el instituto Altos Hornos de Sagunto (Valencia) baraja utilizar su cafetería como aula por falta de espacio, y un colegio del Puerto de Sagunto imparte clases en la biblioteca y en despachos.
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La dimisión colectiva, calificada por los docentes como un «grito de socorro», responde a dos problemas principales: la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades especiales —el 10% de los estudiantes del instituto de Sagunto son refugiados ucranianos con estrés postraumático— y el aumento de trámites administrativos tras la aprobación de la Ley Celaá en 2020. «Los profesores ahora somos también psicólogos, enfermeros y cuidadores», explicó Ismael Donet, director de un colegio en Carcaixent. Eva Bisquert, directora de un instituto en Valencia, añadió que dedica jornadas enteras a gestionar títulos, mientras las aulas para alumnos con autismo se usan para niños en acogida sin refuerzos adicionales.
La Generalitat, gobernada por el PP, cedió en algunas demandas laborales, pero las negociaciones continúan en septiembre, sin descartarse nuevas movilizaciones. El malestar no es exclusivo de la Comunidad Valenciana: para el próximo curso, sindicatos como CIF convocan huelgas en Madrid y Cataluña, y barajan un paro nacional. Los docentes exigen «soluciones de Estado» y critican al Gobierno central por incumplir promesas, como un sistema de evaluación docente vinculado a retribuciones, anunciado en 2022 por la entonces ministra Pilar Alegría.
La única medida en tramitación es un proyecto de ley en el Congreso para reducir el número de alumnos por aula y limitar la jornada lectiva, pero los directores advierten de que las leyes «van, por un lado, y la realidad por otro». Mientras, en centros como el de Benavites, los estudiantes resuelven problemas de matemáticas entre el ruido de las bandejas del catering y el olor a comida.
