La Fiscalía pide 9,5 y 6 años de cárcel, inhabilitación y 25.000 euros de indemnización por daños psicológicos
La Audiencia Nacional ha iniciado este miércoles el juicio contra dos agentes de la Policía Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual contra una compañera destinada en la Embajada de España en Argelia.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a finales de 2022, cuando los acusados se incorporaron al equipo de seguridad de la embajada. Los episodios incluyen comentarios soeces en encuentros sociales, una inmovilización «con intención libidinosa» contra una pared en 2023 —acompañada de frases obscenas—, y un nuevo acoso en una cafetería, donde uno de los acusados le dijo a la agente que la pondría «a cuatro patas». Un compañero tuvo que separarlos, lo que desencadenó insultos como «hija de puta, piojosa».
La víctima, tras aislarse, sufrió censuras, asignaciones de puestos incómodos y la obligación de regresar de unas vacaciones autorizadas. Además, recibió gestos que le provocaron temor. Cuando denunció lo ocurrido, los acusados —uno de ellos jefe del equipo y superior jerárquico— fueron cesados y se les abrió un expediente disciplinario. La Fiscalía destaca que este último mostró una actitud «totalmente pasiva y complaciente» ante los hechos.
El ministerio público solicita para uno de los acusados nueve años y medio de prisión por acoso laboral, lesiones y agresión sexual, y para el otro, seis años por acoso laboral y lesiones. Ambos enfrentan inhabilitación para empleo público de diez y seis años y medio, respectivamente, además de una orden de alejamiento de cuatro años y una indemnización de 25.000 euros por lesiones psicológicas y daño moral. La agente sufre un trastorno de adaptación con ansiedad persistente.
En mayo, un incidente en un establecimiento de hostelería llevó a que la policía argelina elaborase un informe que dio lugar a una información reservada contra los acusados. Este documento, que se presentó ante la Audiencia Nacional, detalla la conducta de los policías y la respuesta de las autoridades locales, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de una acción judicial.
Fuente: The Objective
