CRedacción Capitol·2 de septiembre de 2026·2 min de lectura
Reconocen los hechos y pagarán 40.000 euros de indemnización, pero evitan la cárcel por un acuerdo con la Fiscalía
Dos agentes de la Policía Nacional han sido condenados por acoso laboral y sexual contra una compañera en la embajada española en Argelia, aunque no entrarán en prisión tras un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocen los hechos, incluida una agresión sexual, y se comprometen a indemnizarla con 40.000 euros.
Uno de los condenados recibió una pena de seis meses de cárcel por acoso laboral y lesiones, mientras que el otro fue sentenciado a un año y medio por esos mismos delitos más uno de agresión sexual. El fiscal, que inicialmente pedía seis y nueve años de prisión respectivamente, aceptó rebajar las penas al valorar el reconocimiento tardío de los hechos y la reparación económica a la víctima, que sufre un trastorno de adaptación con ansiedad persistente.
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Según el relato de la Fiscalía, los acusados sometieron a la agente a comentarios soeces en encuentros sociales y a dos episodios de inmovilización «con intención libidinosa». En uno de ellos, tras una comida con compañeros, uno la empujó contra una pared y le dijo frases obscenas, mientras el otro respondió: «Yo en temas de abusos no me meto, vosotros sabréis». En otra ocasión, en una cafetería, el mismo agente la amenazó con ponerla «a cuatro patas» y, al ser separado por un compañero, la insultó con términos como «hija de puta, piojosa».
Tras la intervención de las autoridades argelinas, que elaboraron un informe, la víctima sufrió represalias laborales: fue censurada, asignada a puestos incómodos y obligada a interrumpir unas vacaciones autorizadas. Uno de los acusados, jefe del equipo, mostró una actitud «pasiva y complaciente» ante los hechos, según la Fiscalía. Los expedientes disciplinarios contra ambos, abiertos tras su cese, seguirán su curso con esta condena.
El caso refleja un patrón de impunidad inicial en el ámbito policial, donde las víctimas de acoso suelen enfrentar obstáculos para ser escuchadas, incluso cuando las pruebas son contundentes. La indemnización acordada, superior a los 25.000 euros que pedía inicialmente el fiscal, subraya la gravedad de los hechos reconocidos.
