El comité de empresa y el PSOE exigen a la empresa y a la administración que expliquen el destino de los ingresos y la renovación de la flota
La Alcoyana ha subido las tarifas del transporte público en Alicante, según denuncian el comité de empresa y la oposición municipal. El presidente del comité de empresa, David Guillén, califica la medida como una carga injusta para los usuarios. El concejal socialista Raúl Ruiz también cuestiona la falta de justificación del incremento.
Guillén critica que se cargue sobre los usuarios las deficiencias del servicio responsabilidad de la adjudicataria. Exige que los responsables se suban a los vehículos para comprobar las condiciones en que se exige viajar. El comité pide además que la empresa detalle las mejoras concretas que acompañarán el aumento del precio del billete.
Guillén interroga a la administración sobre los ingresos previstos y su destino. «¿Cuánto se prevé ingresar de más? ¿A quién corresponden esos ingresos? ¿Qué parte se destinará a renovar la flota?» Añade que no aceptará una subida sin rendir cuentas sobre la utilización de esos recursos.
Compromís y PSOE se suman a las críticas
Compromís se suma a las críticas a la subida de tarifas. El PSOE, representado por Ruiz, pide a las administraciones que especifiquen el destino del dinero adicional.
El comité también reclama que la administración explique cómo afecta la subida al contrato de emergencia vigente. Exige que se publique un calendario público y verificable para sustituir los autobuses más antiguos.
El comité pide fiscalizar las mejoras del servicio
El comité solicita medidas inmediatas frente a averías y un número suficiente de vehículos para atender el aumento de viajeros. Reclama que la fiscalización se centre en la mejora del servicio, no solo en aprobar la subida de precios.
«En lugar de limitarse a aprobar una subida de precios sin más», advierte Guillén, la autoridad debe supervisar las mejoras.
Los autobuses de La Alcoyana son descritos como antiguos y deteriorados, lo que alimenta la percepción de insuficiencia del servicio.
La controversia se desarrolla en Alicante, donde la población depende del servicio de La Alcoyana para sus desplazamientos diarios.
En el marco español, los contratos de emergencia facilitan ajustes tarifarios temporales cuando la demanda supera la capacidad operativa. Sin embargo, la normativa exige que cualquier incremento se acompañe de garantías de mejora del servicio, según la autoridad competente.
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