CRedacción Capitol·5 de octubre de 2026·2 min de lectura
El magistrado Joaquim Bosch advierte que la medida cautelar impide que los nacionalizados de forma provisional voten el 29-N
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Esta decisión genera incertidumbre jurídica sobre la participación de los ciudadanos nacionalizados de forma provisional.
El magistrado Joaquim Bosch, en el programa La Tarde de COPE, explicó que la orden del Tribunal Supremo que suprime la Ley de Nietos obliga a excluir del censo electoral a quienes obtuvieron la nacionalidad española de manera provisional.
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Bosch afirmó que, según la orden del Supremo, estas personas no podrían votar en las elecciones del 29 de noviembre. Señaló que la medida cautelar ya está en vigor y no admite interpretación.
Según el magistrado, el corto plazo entre el adelanto electoral y la fecha de voto imposibilita que el alto tribunal emita una sentencia definitiva en el plazo habitual de mes y medio.
Bosch también recordó que la costumbre de la judicatura de retrasar decisiones en campaña electoral es una regla no escrita. Sin embargo, él rechaza cualquier actuación que contravenga la Constitución y el imperio de la ley.
Impacto de la supresión de la Ley de Nietos
La orden del Supremo elimina esa vía. Según Bosch, la medida provisional impide que esos ciudadanos aparezcan en el censo para el 29-N.
Bosch subrayó que lo que dijo el Supremo en su auto no es interpretable porque es bastante claro: las personas nacionalizadas de manera provisional no pueden acceder al censo electoral.
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Riesgos de la Diputación Permanente
El magistrado también comentó la intención del Gobierno de volver a aprobar en la Diputación Permanente los dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso.
Advirtió que, si los textos son idénticos a los previamente rechazados, podrían ser anulados por posibles infracciones de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos.
La Diputación Permanente asume la representación de la Cámara tras la disolución del Parlamento. Su mayoría puede experimentar cambios debido a la pérdida de peso de Junts frente a la suma de la izquierda y del PNV, lo que podría afectar la viabilidad de los decretos de vivienda.
La regla general es que la Diputación Permanente cumple esas funciones de representación de la Cámara cuando se ha disuelto el Parlamento. Por ello, el Gobierno formalmente puede hacerlo, aunque la composición cambiante de la misma puede generar incertidumbre sobre la aprobación de los textos.
