CRedacción Capitol·12 de octubre de 2026·3 min de lectura
El Gobierno lamenta la decisión mientras el PP y Vox la celebran como límite a la actuación del Ejecutivo sobre el censo electoral
Actualización (12 de octubre a las 17:21): La medida afecta a 163.020 ciudadanos inscritos en el CERA y la mayoría del tribunal rechazó levantar la cautela
El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida afecta a 163.020 personas según los datos aportados por el Gobierno al Supremo.
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¿Por qué la magistrada Millán se opone a la suspensión?
Alicia Millán, magistrada de la Sección Cuarta Sala de lo Contencioso-Administrativo, firma un voto particular discrepante. Millán considera que el tribunal debió estimar la petición de la Abogacía del Estado para permitir el voto a esos ciudadanos.
En su voto, la magistrada afirma que el adelanto electoral introdujo un elemento nuevo y decisivo. Añade que la convocatoria convierte en irreversible la posible lesión del derecho de sufragio de los afectados. Añade que la preservación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política debía prevalecer sobre una medida provisional basada en una controversia jurídica pendiente.
¿Cuántas personas quedan sin voto para el 29-N?
La mayoría de la Sección Cuarta Sala ha rechazado las pretensiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que pedían levantar la medida cautelar adoptada en septiembre. Los magistrados sostienen que el derecho de sufragio «no es un derecho de carácter absoluto», estando supeditado a intereses generales como la veracidad del censo electoral.
Millán señala que, para el 29-N, el censo se cerró el 1 de agosto de 2026. Añade que la suspensión mantiene a los 163.020 afectados sin posibilidad de voto. La magistrada recuerda que la decisión del Supremo en septiembre se proyectaba sobre un proceso electoral futuro, pero ahora existe un proceso concreto e inmediato.
Según Millán, la proximidad de las elecciones introduce un interés público de singular intensidad. Considera que ello justifica el levantamiento temporal de las medidas cautelares. La magistrada afirma que la medida acordada para evitar irregularidades en el censo desplaza la incertidumbre al propio proceso electoral.
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Millán advierte que, una vez celebradas las elecciones, ningún pronunciamiento posterior podrá restituir la oportunidad perdida de participar. Señala que la lesión producida puede ser definitiva e irreversible.
El Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre; el Gobierno ha lamentado la decisión.
La resolución corresponde a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo, que ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión. El ministro del Interior, Fernando Grande‑Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado en una conversación informal con periodistas que «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos».
Fuentes del PSOE afirman que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han vuelto a «tropezar con la piedra» del franquismo. Según esas fuentes, los socialistas consideran la decisión un «atropello» que no dejarán de denunciar.
El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha celebrado la noticia en un vídeo del partido, asegurando que el Supremo ha hecho justicia. Ha llamado a la participación el próximo 29 de noviembre, diciendo que todos los españoles deben votar sin fraude ni alteraciones del censo.
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El Partido Popular ha recibido la resolución como un freno a lo que considera un intento del Ejecutivo de influir en el censo electoral. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha escrito en X que «Pedro Sánchez quiso manosear el censo electoral, pero España tiene instituciones capaces de poner límites al poder. El 29 de noviembre, elecciones limpias». El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmado en la misma red social que «parece que el intento de manipular el censo electoral no le ha salido bien».
La suspensión cautelar afecta a los hijos y nietos de exiliados que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Marlaska ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva.
