CRedacción Capitol·9 de octubre de 2026·5 min de lectura
Correos gestiona el voto por correo con la app miDGT sin código de verificación durante ocho procesos electorales bajo Serrano y Díez
La Junta Electoral Central aprueba en junio de 2023, mediante el Acuerdo 437/2023, usar el carné de conducir digital sin firma ni código QR para votar por correo en Correos. La decisión, recogida en el Acuerdo 437/2023, respondía a una consulta formulada por Juanma Serrano, entonces presidente de la empresa pública.
Juanma Serrano, investigado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso de las cloacas del PSOE, era presidente de Correos desde 2022. Bajo su dirección, la compañía gestionó el voto por correo en ocho procesos electorales —desde las autonómicas y municipales de mayo de 2022 hasta las generales de julio de 2023— utilizando la app mi DGT sin el mecanismo de seguridad que impide su falsificación.
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La app miDGT, desarrollada por la DGT en 2018, se usó en elecciones tras consultas de Correos y acuerdos con la Junta Electoral y el Gobierno. Esta omisión permitió que el carné digital se utilizara sin las salvaguardas técnicas previstas.
El papel de Correos y las consultas electorales
Serrano consulta a la Junta Electoral el 21/06/2023 si el carné digital sin firma ni código QR era válido para votantes que entregaban su voto en persona en Correos. La respuesta de la Junta fue afirmativa, aunque condicionada: solo cuando el elector acudía en persona. En cambio, si el voto era entregado por un tercero autorizado, el documento digital no sería suficiente.
El procedimiento se aplicó en las elecciones generales del 23-J de 2023. La Junta Electoral valida el uso de miDGT en elecciones autonómicas y municipales del 28-M de 2022, tras consulta de Fernando Grande-Marlaska, entonces ministro del Interior.
Leire Diez, directiva de Correos, coordinó la red de oficinas durante los procesos electorales según mensajes judiciales. Según los mensajes intercambiados entre Diez y Serrano —a los que ha tenido acceso la investigación judicial—, la primera coordinó la red de oficinas de Correos durante los procesos electorales. En una publicación en Facebook el 3 de marzo de 2024, Diez celebró su etapa en la empresa con un mensaje que vinculaba directamente su trabajo con el voto por correo: «¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Pues ahí estuvimos mano a mano todo este equipazo».
Correos niega en un comunicado del 02/06/2025 que Diez tuviera responsabilidad directa sobre el voto por correo, atribuyéndolo a la Dirección de Operaciones. Sin embargo, documentos internos de la empresa contradicen esta versión. Por ejemplo, las instrucciones para las elecciones andaluzas de junio de 2022 —firmadas por Serrano— incluían a Diez en el comité de seguimiento central como responsable de comunicar cualquier irregularidad electoral. Además, el 26 de abril de 2022, Diez remitió una consulta a la Junta Electoral sobre la continuidad de las medidas excepcionales del voto por correo durante la pandemia, una pregunta que fue respondida directamente a Serrano.
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El escándalo y la suspensión de la app mi DGT
El uso de la app mi DGT sin el código QR generó un vacío de seguridad que permitió falsificar identidades, como demostró este medio en marzo de 2023. La pantalla de la aplicación mostraba el carné de conducir sin distinciones visuales respecto al documento real, pero sin el mecanismo de verificación que garantizaba su autenticidad. Este fallo técnico fue explotado durante años, hasta que el 26 de marzo de 2026 la Junta Electoral suspendió definitivamente el uso de mi DGT y del DNI digital para votar, tras recursos presentados por el Partido Popular, la Junta de Andalucía y un particular.
La investigación judicial en curso, dirigida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, no analiza directamente el caso del voto por correo, pero sí examina la red de comunicaciones entre Serrano y Diez durante los años en los que se implementaron estas medidas. Según el auto del juez, existen 10.842 mensajes intercambiados entre ambos —9.355 por WhatsApp y 1.487 por Signal— entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, un periodo que abarca las elecciones de 2022 y 2023.
El juez investiga si Serrano, además de supervisar la contratación de Diez en Correos, impulsó activamente la operativa que permitió el uso de la app sin las garantías de seguridad. Los mensajes revelan que Diez convocó a Serrano a una reunión en la sede del PSOE el 26 de abril de 2024, un mes antes de abandonar Correos. Dos días después, comenzaron los intercambios por Signal, una aplicación de mensajería cifrada que el juez ha ordenado analizar.
La causa, conocida como caso de las cloacas del PSOE, investiga presuntos sobornos en contratos públicos (132 millones de euros) y una campaña para desactivar investigaciones judiciales. Entre los objetivos de esta red, según la Unidad Central Operativa (UCO), estarían fiscales anticorrupción, jueces como Beatriz Viedma —instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno— y mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas.
Testimonios recabados por el periodista Alejandro Entrambasaguas en octubre de 2025 revelan expresiones preocupantes atribuidas al entorno de Diez, como «eliminar significa matarla» o «darle un susto». Estas declaraciones, vinculadas a una red criminal conocida como el clan de Los Rocho en Badajoz, añaden un nivel de gravedad adicional a una investigación que ya analiza posibles delitos de corrupción y obstrucción a la justicia.
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Serrano y Diez, ambos amparados por la presunción de inocencia, no han sido imputados por los hechos relacionados con el voto por correo. No obstante, la acumulación de irregularidades —desde la omisión del código QR en la app hasta la gestión de Correos durante los comicios— plantea interrogantes sobre la transparencia y la seguridad de un proceso electoral clave para la estabilidad democrática.
La suspensión de mi DGT en marzo de 2026 cerró un capítulo controvertido, pero deja al descubierto fallos estructurales en la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar la integridad del sufragio. Mientras la justicia avanza en su investigación, queda pendiente determinar si estas prácticas respondieron a una decisión técnica o a intereses políticos que priorizaron la comodidad sobre la seguridad.
