La disolución de las Cortes elimina los proyectos para centralizar la instrucción penal en fiscales y restringir la acusación popular
La disolución de las Cortes General el 09/10/2026 paraliza dos proyectos legislativos impulsados por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para reformar el sistema judicial.
Los proyectos —reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica para ampliar las carreras judicial y fiscal— estaban bloqueados desde octubre de 2025 por la negativa de Junts a negociar avances en Justicia.
El Gobierno, que envió los textos al Congreso en noviembre de 2025 y mayo de 2025 respectivamente, no logró superar el estancamiento parlamentario.
El proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal proponía que los fiscales asumieran la instrucción de causas penales, argumentando su alineación con sistemas de otros países europeos.
No obstante, la autonomía limitada de la Fiscalía General del Estado, reconocida por Pedro Sánchez en una entrevista en RNE, generaba dudas sobre su independencia en este cambio de competencias.
Esta restricción a la acusación popular replicaba, en esencia, los términos de la ‘proposición de ley Begoña’, retirada por el PSOE en enero de 2025 por falta de apoyo incluso en su coalición.
Reforma de las oposiciones judiciales y fiscales
El segundo texto legislativo, presentado en mayo de 2025, pretendía modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir cambios estructurales en las oposiciones a la carrera judicial y fiscal.
Bolaños argumentó que la reforma garantizaría ‘igualdad de oportunidades’ y ‘diversidad de perfiles’, aunque la Judicatura criticó que afectaba a la separación de poderes y autonomía fiscal.
Entre las polémicas destacaba la creación de un cuarto turno en las oposiciones fiscales —hasta entonces inexistente— y la modificación del cuarto turno judicial, vigente desde 1986.
Estos proyectos, que provocaron protestas y una huelga de magistrados, quedan sin tramitación tras la disolución de las Cortes.
Más de una docena de leyes atrapadas por el bloqueo de Junts
La legislatura finaliza sin aprobar iniciativas clave, agravada por el bloqueo de Junts a cualquier texto normativo desde octubre de 2025.
Además de las dos reformas judiciales, el Gobierno acumula otros proyectos paralizados, como la Ley de Familias, la Ley de Información Clasificada o la normativa para regular el lobby en España.
Tampoco se aprobó en este periodo ningún Presupuesto General del Estado ni se celebró un debate sobre el estado de la nación, síntomas de una legislatura marcada por la falta de consenso.
La disolución anticipada del Parlamento elimina cualquier posibilidad de avanzar en estas iniciativas, que ahora dependerán del resultado electoral y de la nueva correlación de fuerzas.
El Gobierno considera que la paralización de estas leyes es un revés, especialmente en Justicia, donde enfrenta críticas por su gestión en casos de corrupción.
La limitación de la acusación popular habría reducido herramientas usadas por la oposición y colectivos para impulsar denuncias contra miembros del Gobierno.
Mientras, la reforma de las oposiciones judiciales y fiscales habría redefinido el acceso a estos cuerpos, generando tensiones con un sector judicial que ya mostraba su rechazo a cambios percibidos como politizados.
Con las urnas como única salida, el futuro de estas propuestas queda ahora en manos de los ciudadanos, que decidirán si los partidos que las apoyaban logran mantener —o ampliar— su representación parlamentaria.
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