La comisión de Economía del Ayuntamiento, con votos de PSC, BComú y ERC, aprueba la medida para desincentivar el alquiler vacacional tras la aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno en la Diputación Permanente
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó este viernes en comisión elevar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un 150% a los propietarios de cuatro o más licencias de pisos turísticos. La medida entrará en vigor tras su validación en el pleno de diciembre de 2026.
La decisión, adoptada este viernes por PSC, BComú y ERC con la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox, busca desincentivar el alquiler turístico hasta la prohibición de licencias en 2028. Así lo explicó el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls.
La subida afectará a 6.000 casos —un 60% del total de licencias— y a 1.200 propietarios con dos o tres licencias, que pagarán un 100% más. El consistorio argumenta que la mayoría de estos titulares son empresas que explotan una actividad económica, no particulares.
La medida llega tras la aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso, donde PP, Vox y Junts votaron en contra.
¿Qué dice cada partido sobre la medida?
El Ayuntamiento justifica la subida como respuesta a los decretos estatales, que limitan las licencias turísticas.
Desde Junts, Arnau Vives criticó que la medida no bajará los impuestos para los ciudadanos y aumentará la «inseguridad jurídica». El portavoz de BComú, Marc Serra, celebró la medida, pero la consideró insuficiente. Según Serra, el problema no son solo los 10.000 pisos turísticos, sino la especulación con las 800.000 viviendas de la ciudad.
ERC, por su parte, anunció que el siguiente paso será regular los inmuebles vacíos. Su concejal, Rosa Surinam, propuso subir el IBI a los pisos desocupados desde hace dos años y crear un registro municipal.
El PP, a través de Víctor Martí, criticó la medida como una «estocada fiscal» contra un grupo concreto de propietarios. Vox, en voz de Gonzalo de Oro, la calificó de «humo», al no garantizar que las viviendas afectadas pasen al mercado residencial.
¿Qué sigue ahora?
La propuesta entrará en periodo de alegaciones y deberá ser ratificada en el pleno municipal de diciembre. Si se aprueba, entrará en vigor en 2027, un año antes de la prohibición total de licencias turísticas prevista para 2028.
El Ayuntamiento justifica la subida del IBI como una herramienta para reducir la presión sobre el mercado de alquiler. Los partidos de la oposición, sin embargo, cuestionan su eficacia y equidad.
La medida se enmarca en el debate nacional sobre la vivienda, donde Barcelona lidera iniciativas para limitar el turismo residencial.
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