Actualización (06 de octubre a las 17:28):
El grupo parlamentario votará a favor del texto que mantiene el escudo antidesahucios hasta 2030 y rechaza el segundo que propone alquileres indefinidos
El Partido Nacionalista Vasco ha asegurado que votará a favor del primer decreto de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.
Esta decisión se produce tras la derogación del mismo texto por el Pleno del Congreso el viernes anterior.
Primer decreto de vivienda aprobado
El primer decreto mantiene el escudo antidesahucios vigente hasta el año 2030.
Además, prorroga los contratos de alquiler que expiran en 2028, ofreciendo mayor estabilidad a los arrendatarios.
Maribel Vaquero, portavoz del grupo en el Congreso, ha declarado que los jeltzales votarán por responsabilidad y coherencia a favor de este texto.
Segundo decreto rechazado por el PNV
El mismo portavoz ha confirmado que el PNV votará en contra del segundo decreto, que contempla la renovación automática de todos los alquileres.
Con esa posición, el segundo texto queda nuevamente condenado a la derogación, impidiendo su convalidación.
La mayoría necesaria se alcanza sin el voto de Junts per Catalunya.
El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó ambos decretos para que la Diputación Permanente los convalidara antes de la campaña electoral.
El PNV había adoptado la misma postura la semana pasada, antes de que se activara el adelanto de las generales.
Según fuentes consultadas por The Objective, la estrategia del grupo busca equilibrar la protección de los inquilinos con la defensa de la propiedad privada.
El proceso de convalidación en la Diputación Permanente permite que el texto aprobado por el Consejo de Ministros entre en vigor sin una nueva votación en el Pleno.
Los analistas señalan que la aprobación del primer decreto refuerza la agenda de vivienda del Ejecutivo, mientras que el rechazo del segundo mantiene la normativa actual de alquileres.
La repetición del voto del PNV en la Diputación Permanente garantiza que el primer decreto se apruebe definitivamente.
La decisión de votar en contra del segundo decreto asegura que la propuesta de renovación automática de todos los contratos de alquiler quede sin efecto.
La sesión de la Diputación Permanente, donde el PNV repetirá su voto a favor del primer decreto, es crucial porque en ella la mayoría necesaria se alcanza sin la necesidad de contar con el respaldo de Junts per Cataluña, lo que elimina cualquier riesgo de veto parlamentario y garantiza la entrada en vigor del texto aprobado por el Consejo de Ministros.
Actualización (06 de octubre a las 14:58):
El Congreso rechazó los dos decretos de vivienda el viernes y el bloque del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos suma 35 de los 69 escaños del órgano
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. Lo hace después de que el Congreso rechazara el viernes sus dos decretos de vivienda. El objetivo es volver a presentar los textos en el Consejo de Ministros y remitírselos a la Diputación Permanente, órgano que actúa cuando la Cámara no está reunida.
La Diputación Permanente está compuesta por 69 miembros de distintas formaciones. A diferencia del pleno, la suma de PP, Vox y Junts no alcanza la mayoría absoluta. En la actual configuración, el bloque que apoyó el primer decreto de vivienda cuenta con 35 escaños (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos). La oposición (PP, Vox y Junts) suma 34.
El segundo decreto, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no tendría mayoría suficiente en la Diputación Permanente. El PNV se opone y la votación sería 34 a favor y 35 en contra, según Europa Press.
El PNV rechaza el decreto de alquileres
Según fuentes jurídicas consultadas por El Mundo, esta maniobra podría considerarse un fraude de ley. La normativa exige que los decretos‑leyes sean aprobados por el pleno del Congreso o, en casos excepcionales, por la propia Diputación Permanente cuando el Parlamento está disuelto.
La convocatoria electoral implica la disolución del Congreso. Esto activará automáticamente la Diputación Permanente. Sánchez buscaría aprovechar la diferencia de mayorías entre ambos órganos para impulsar su agenda de vivienda.
La oposición mantiene su voto en contra
El presidente ha defendido la necesidad de los decretos ante la crisis de vivienda. La oposición acusa una maniobra para eludir el control parlamentario. El bloque del PP, Vox y Junts votó en contra de ambos textos en el pleno. Mantiene su postura crítica ante cualquier intento de aprobarlos sin mayoría absoluta.
Si la medida se considera legal, los decretos podrían entrar en vigor tras la aprobación de la Diputación Permanente. En caso contrario, la iniciativa quedaría bloqueada y el tema de la vivienda seguiría sin una solución legislativa clara.
El futuro de los decretos dependerá de la composición de la Diputación Permanente tras la disolución. Mientras tanto, la campaña electoral se centrará en la vivienda como uno de los principales temas de debate.
Actualización (06 de octubre a las 14:37):
Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, pide prudencia al arrendar y avisa de más dificultades para los inquilinos
El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido rechazados por el Congreso. Introduce cambios para su convalidación en la Diputación Permanente. La medida se produce en el contexto de la convocatoria electoral.
Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, declaró en COPE que la sensación es de incertidumbre en el mercado. Según el entrevistado, ocho años de cambios normativos continuos han dejado a propietarios y arrendatarios sin una base jurídica estable.
Propietarios se sienten engañados y retiran inmuebles
Rodríguez advirtió de que los propietarios se sienten engañados y perciben una falta de seguridad jurídica. Añadió que esa percepción les lleva a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler. El experto sostuvo que la consecuencia directa recae sobre los inquilinos. Especialmente sobre quienes buscan una nueva vivienda y encuentran mayores dificultades para acceder a un alquiler.
En cuanto a la protección de vulnerables, los textos aprobados añaden dos años más de prórroga en los contratos. También paralizan los desahucios a pequeños propietarios. No obstante, el director cuestionó la transferencia a las comunidades autónomas de la responsabilidad de ofrecer un servicio habitacional. Señaló la ausencia de presupuestos suficientes para cumplirla.
Recomendaciones para arrendar bajo la nueva normativa
Para afrontar la coyuntura, Rodríguez recomendó ejercer mucha prudencia y seleccionar muy bien al inquilino. Insistió en la necesidad de leer y analizar detenidamente las modificaciones aprobadas antes de firmar cualquier contrato.
El director también subrayó la importancia de cubrirse con garantías, como seguros de impago. Lo hizo ante la posibilidad de demoras judiciales o trabas en la resolución de desahucios. Sin embargo, advirtió que estas exigencias pueden perjudicar al solicitante de vivienda en un contexto carente de consenso normativo.
Actualización (06 de octubre a las 14:07): Pisarello defiende la legalidad de la maniobra y la huelga general, mientras el bloque progresista suma 35 escaños frente a 34
El Gobierno ha anunciado que volverá a aprobar en Consejo de Ministros los decretos ley de vivienda derogados. Los remitirá a la Diputación Permanente, donde cuenta con mayoría para salvar el decreto de medidas generales. La decisión llega tras la caída de los decretos el pasado viernes. Esta provocó el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre y la disolución de las Cortes.
Gerardo Pisarello, dirigente de En Comú y diputado de Sumar, declaró este martes que la votación en la Diputación Permanente tiene plena cobertura legal. Aseguró que la normativa está prevista en el reglamento de la Cámara Baja y descartó que la maniobra constituya un fraude de ley. Además, recordó que el Tribunal Constitucional ha reconocido una situación de emergencia habitacional, lo que, según él, justifica medidas extraordinarias.
En la Diputación Permanente, el bloque que apoyó el primer decreto de vivienda cuenta con 35 escaños: PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos. Frente a ellos, PP, Vox y Junts suman 34. El segundo decreto, sobre la renovación automática del alquiler, sigue sin mayoría porque el PNV también votó en contra en el Pleno.
Vox ha expresado dudas sobre la legalidad de la convalidación y estudia recurrirla ante los tribunales. Sin embargo, Pisarello reiteró que la normativa permite que la Diputación Permanente convalide decretos ley cuando exista una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
En paralelo, los sindicatos CCOO, UGT y CGT han acordado convocar una huelga general por la vivienda. Pisarello ha calificado las acampadas y la huelga como expresión legítima de derechos básicos reconocidos en la Constitución. Ha subrayado que tienen plena cobertura legal y plena justificación social. El dirigente ha advertido que la crisis habitacional está más que probada y que, sin medidas urgentes, millones de personas quedarán en la calle.
Con las Cortes disueltas, el Ejecutivo dispone de la capacidad normativa que otorga el marco vigente para impulsar estas iniciativas. La convalidación de los decretos ley en la Diputación Permanente es el paso inmediato para evitar un vacío legislativo en vivienda antes de las elecciones.
Actualización (06 de octubre a las 13:37):
El plan incluye una línea de 10.000 millones del ICO para préstamos sin intereses y la compra de miles de inmuebles de la Seguridad Social por Casa 47
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes dos decretos de vivienda. Serán remitidos a la Diputación Permanente del Congreso para su votación, tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha detallado una línea de financiación de 10.000 millones de euros. La gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La iniciativa permite conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros. Están dirigidos a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
Línea de crédito intergeneracional
El presidente ha subrayado que la financiación no está limitada a jóvenes. Se trata de una medida intergeneracional destinada a facilitar el acceso a la vivienda.
Según ha explicado el presidente, la ausencia de intereses busca aliviar la carga económica de los compradores. Sánchez sostiene que el mercado presenta mucha especulación.
Adquisición de inmuebles de la Seguridad Social
El Gobierno también ha anunciado que Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, adquirirá miles de inmuebles de la Seguridad Social para destinarlos a viviendas.
Esta operación forma parte de un paquete de reformas que, según Sánchez, son de sentido común. Pretenden proteger a los vulnerables y ordenar un mercado que él califica de disfuncional.
El presidente ha pedido a los grupos políticos que convaliden los decretos en la Diputación Permanente. Argumenta que ‘estamos hablando de una cuestión de humanidad’.
Los decretos fueron tumbados en el Congreso el pasado viernes. La disolución de las Cortes ha obligado a trasladar su tramitación a la Diputación Permanente.
La medida de financiación será gestionada por el ICO, entidad pública que ya administra numerosos instrumentos de apoyo a la economía.
Casa 47, creada recientemente, tiene como objetivo central la gestión de suelo y vivienda pública. Su adquisición de inmuebles de la Seguridad Social amplía su cartera.
El Gobierno ha señalado que la línea de crédito y la compra de inmuebles buscan responder a la escasez de oferta de vivienda asequible. También a la presión sobre los precios en las principales ciudades.
En palabras del presidente, estas acciones pretenden poner orden en un mercado disfuncional y evitar que la especulación afecte a los hogares con menores recursos.
La aprobación de los decretos en la Diputación Permanente dependerá del consenso de los partidos representados, que deberán decidir si respaldan la financiación sin intereses y la adquisición masiva de inmuebles estatales.
El contexto electoral añade presión al proceso, ya que los partidos buscarán posicionarse respecto a estas medidas antes de la campaña electoral.
Según fuentes consultadas por COPE, la línea de crédito de 10.000 millones se destinará prioritariamente a la compra de la primera vivienda, aunque el Gobierno no ha especificado criterios de elegibilidad más detallados.
La iniciativa forma parte de un programa más amplio de políticas de vivienda que el Ejecutivo ha venido desarrollando en los últimos años, incluyendo la reforma del alquiler y la promoción de viviendas sociales.
El presidente ha reiterado que estas medidas son «de sentido común» y ha instado a los partidos a evitar la politización del tema, recordando la necesidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables.
Una vez aprobados, los decretos permitirán al ICO iniciar la distribución de los préstamos y a Casa 47 comenzar la adquisición y rehabilitación de los inmuebles de la Seguridad Social.
El Gobierno espera que la combinación de financiación sin intereses y la ampliación del parque de viviendas públicas contribuya a reducir la presión sobre el mercado inmobiliario antes de la próxima legislatura.
Actualización (06 de octubre a las 11:40):
Vox critica la maniobra y estudia si es recurrible ante los tribunales, mientras PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos suman mayoría en ese órgano
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado de ‘cacicada’ que el Gobierno vuelva a llevar los dos decretos de vivienda a la Diputación Permanente tras rechazarlos el pleno la semana pasada.
En una rueda de prensa en el Congreso, Millán ha afirmado que Pedro Sánchez ‘ha decidido seguir retorciendo el Reglamento y las leyes para cometer otra cacicada más’. La diputada ha señalado que Vox ‘tendrá que ver’ si la medida es recurrible ante los tribunales, porque la mayoría de la Diputación Permanente ‘no es puramente representativa’.
El Gobierno ha llevado los decretos a la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas. En esa instancia, la mayoría está compuesta por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, mientras que en el pleno la mayoría la forman PP, Vox y Junts.
PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, mayoría en el órgano
Millán también se ha referido a la huelga general anunciada para este otoño por CCOO y UGT y promovida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La dirigente de Vox ha enmarcado la protesta en la ‘España distópica’ que atribuye a Sánchez.
Huelga general de CCOO y UGT este otoño
Según Millán, los sindicatos son ‘paniaguados del Gobierno’ que ‘no representan a los verdaderos trabajadores de España’ y han convocado una huelga general por el desahucio de una señora con ocasión de una ley de Felipe González.
La polémica se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y la oposición sobre la política de vivienda, tema que ha generado amplios debates en el Parlamento y la sociedad civil.
El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, defiende la necesidad de los decretos para abordar la escasez de viviendas y regular los alquileres, aunque la oposición los ha calificado de insuficientes o contraproducentes.
Millán ha subrayado que, ‘a todas luces, éticamente al menos no es defendible’ que la Diputación Permanente revierta una decisión del pleno.
Mientras tanto, la huelga general prevista para el otoño podría intensificar la presión social y política, según los propios sindicatos, que la presentan como una respuesta a la falta de protección de los inquilinos.
El ministro de Cultura garantiza que las variaciones no rebajarán ninguna medida de protección tras el rechazo del viernes en el Congreso
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el Gobierno aprobará de nuevo el martes los reales decretos leyes de vivienda. Estos fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso.
Urtasun ha precisado que los textos volverán con algunas variaciones. Ha asegurado que no rebajarán ninguna de las medidas de protección. Urtasun ha declarado que los decretos no se pueden presentar exactamente igual que la última vez, pero garantiza que las variaciones no rebajarán ninguna de las medidas de protección acordadas.
Garantías sobre la protección de los inquilinos
El ministro ha subrayado que el Gobierno no contempla ningún juego de recortes y de regates sobre las normas de protección. Urtasun ha reiterado que nadie espere que de aquí a mañana entren en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección.
Según la información publicada por Levante‑EMV, el rechazo del viernes se produjo tras una votación en la que la mayoría de los diputados del Partido Popular y de Vox se opusieron al texto, argumentando que las disposiciones sobre alquileres y precios podrían afectar la oferta de viviendas.
Próximos pasos del proceso legislativo
El Gobierno aprobará de nuevo los decretos el martes. En caso de una nueva aprobación, los reales decretos‑leyes entrarán en vigor de forma inmediata, tal y como establece la normativa vigente para este tipo de normas.
Si el texto vuelve a ser rechazado, el Ejecutivo tendría la opción de iniciar un proceso de convalidación en el Senado o, en última instancia, presentar una nueva iniciativa legislativa que supere los obstáculos parlamentarios.
El ministro de Cultura ha recordado que las medidas de protección incluyen la limitación de subidas de renta, la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler y la creación de un registro de viviendas vacías. Estas disposiciones forman parte del paquete de reformas de vivienda que el Gobierno aprobó en 2024 y que busca equilibrar la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario.
El Ejecutivo también ha señalado que, a diferencia de otras áreas de política, el sector de la vivienda no contempla recortes presupuestarios en el presente ciclo fiscal. Por tanto, las variaciones que se introduzcan se centrarán en aspectos formales y de redacción, sin modificar el contenido esencial del texto.
Los partidos que apoyan la iniciativa, como el PSOE y Unidas Podemos, han manifestado su disposición a negociar con la oposición para lograr una mayoría suficiente. Sin embargo, han advertido que cualquier intento de debilitar las garantías de los inquilinos será rechazado de plano.
En contraste, la oposición ha reiterado su postura crítica, acusando al Gobierno de imponer medidas que, según ellos, podrían encarecer el alquiler y desalentar la inversión privada en el sector inmobiliario.
El debate parlamentario se desarrollará en un contexto de creciente presión social, con manifestaciones de colectivos de inquilinos que exigen la puesta en marcha de la normativa y protestas de propietarios que reclaman flexibilidad para ajustar los precios.
El Gobierno, por su parte, ha subrayado que la aprobación de los decretos es una prioridad para cumplir con los compromisos de la agenda de vivienda y evitar la ampliación de la brecha entre oferta y demanda.
En caso de que los decretos sean aprobados el martes, el Ministerio de Cultura, que actualmente supervisa la tramitación de la norma, emitirá las disposiciones finales y coordinará su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La expectativa de los analistas políticos es que la votación del martes será decisiva para la agenda de vivienda del Gobierno, ya que una nueva derrota podría obligar a replantear la estrategia legislativa y buscar acuerdos más amplios con la oposición.
Sigue la cobertura: Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre
